Existen distintas definiciones de los Derechos Humanos (DDHH), pero quizás lo más preciso es indicar que es la manifestación más clara de la dignidad humana que se expresa en un conjunto de garantías y prerrogativas recogidas en algunas normas. Una de las constituciones más avanzadas en esta materia es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que recoge el mayor número de garantías que hoy vemos como cotidianas, pero que son el resultado de luchas emancipadoras realizadas por diversos movimientos sociales en distintas épocas.
Estos derechos son trasversales en el ordenamiento jurídico venezolano partiendo del Estado social de derecho y justicia que somete al Estado y los funcionarios al imperio de la norma en la búsqueda de la igualdad. La igualdad es la base de la doctrina social y política de El Libertador Simón Bolívar. En el Discurso de Angostura expresó: “La naturaleza hace a los hombres desiguales, en genio, temperamento, fuerza y caracteres. Las leyes corrigen estas diferencias porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes, le den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y social”.
Entender esto es muy importante, no solo para los funcionarios del Estado, sino para todos y todas, saber e internalizar lo que representan los derechos humanos o derechos fundamentales genera mayor responsabilidad, sobre todo para los operadores del Sistema de Justica a la hora de realizar las actuaciones en fiel cumplimiento de las normas, ya que las actuaciones correctas protegen a toda la sociedad. En Venezuela la justicia y los Derechos Humanos son retos de larga data, durante décadas han existido organizaciones sociales que luchan y defienden la dignidad humana.
Solo basta con ver y comparar la historia de los casos de violación de Derechos Humanos en Venezuela como Cantaura, Yumare, el Amparo o el Caracazo, época en la que la violación de los Derechos fundamentales fue una política de Estado y el sistema internacional de derechos humanos mantuvo silencio. Hoy estamos en una situación muy distinta, las investigaciones de los casos en las jurisdicciones penales nacionales colocan en evidencia que las presuntas transgresiones de normas fundamentales no son una política de Estado y que existe el compromiso real de castigarlas.
Sin embargo, el caso “Venezuela I”, llevado por fiscalía de la Corte Penal Internacional, es el primero en avanzar a una investigación formal en el continente americano. Si comparamos su actuación en el caso Colombia, vemos que en 2004 se inició el examen preliminar y durante 17 años, en los cuales se mantuvieron las violaciones de Derechos Humanos, masacres, desplazamientos de población, la fiscalía no avanzó a la fase siguiente. Durante décadas ignorando actuaciones como la del gobierno Álvaro Uribe, implicado en la muerte seis mil 402 civiles entre 2002-2010 según datos de la JEP, país donde además se contabilizan la mayor cantidad homicidio contra defensores de DDHH.
Es evidente que la actuación de la fiscalía de la CPI tiene criterios variables en ciertos casos. Ello a pesar de que las instituciones del Estado venezolano han firmado un memorando de entendimiento con la Fiscalía de la CPI, ha brindado el apoyo institucional necesario para la investigación hasta el punto de permitirle abrir una oficina en el país con presencia permanente. Además, el Estado Venezolano ha cumplido con el principio de complementariedad, sancionando en el fuero interno a los responsables de violaciones de Derechos Humanos y la Asamblea Nacional profundizó la protección de los DDHH con la reformas y creación de distintas normas.
Actualmente en la CPI, en La Haya, se manejan también el caso “Venezuela II”, este último es una denuncia realizada por la organización independiente contra el esquema de medidas coercitivas unilaterales (MCU) que ha impuesto Estados Unidos a todos los venezolanos, este caso no tiene la misma celeridad e interés de Fiscalía de la CPI y menos de las agencias de noticias internacionales. El desequilibrio llega hacer preocupante para el futuro de esa instancia internacional.
Ya no es solo que las minorías no puedan respirar por la presión de la rodilla del opresor, asfixiados hasta la muerte en algunos países, sino que desde esos países ahora se señala y se tilda a las grandes mayorías y a sus representantes de violadores de DD.HH. La lucha por la justicia y los Derechos Humanos, hoy también, es una lucha por la defensa real del concepto de Derechos Humanos versus la utilización interesada y propagandística de los mismos.
Hoy los globalistas utilizan los Derechos Humanos como herramienta, en el intento de controlar todo, para imponer una falsa protección a los seres humanos mediante bombardeos, invasiones e investigaciones sin imparcialidad. Igualmente, como en otra época, cuando colocaban en listas de Estados Unidos y Europa como “terrorista” al luchador por los Derechos Humanos, Nelson Mandela y hoy por hoy le rinden tributo en actos, de forma interesada, para manosear su imagen.
Mas allá del doble discurso y del criterio variable en la protección de los Derechos Humanos de ciertas instancias internacionales, en Venezuela se continúa avanzando en garantizar la dignidad humana, aunque la naturaleza nos haga distintos, en genio, temperamento, fuerza y caracteres, las leyes nos hagan más iguales en oportunidades. Es todo un recorrido histórico en la lucha emancipadora de evolución constante, es un anhelo que avanza, con la ley y por la Paz.
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Yonder Canchica Abogado venezolano experto en Derecho Internacional
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