Por Nila Heredia Miranda
El golpe de Estado del 17 de julio de 1980 forma parte de la oscura historia de golpes de Estado que las Fuerzas Armadas, frecuentemente aliadas con civiles, han realizado en Bolivia. Este golpe, sin embargo, tiene como característica además de su posición anticomunista su estrecha ligazón con el narcotráfico de la que fue su aliado y protector, y se constituye en la expresión de un tipo de gobierno que se fue gestando y produciendo desde los 60 muy relacionado con las directrices internacionales de lucha anticomunista, y ligada al narcotráfico que impregnó a niveles superiores de las Fuerzas Armadas, que incluso generó enfrentamientos al interior de las mismas.
Sin embargo, no es correcto suponer que los golpes de Estado solo fuesen por intereses económicos, sino que tuvieron como base sustantiva las decisiones que en el nivel continental se fueron tejiendo en la construcción de decisiones y redes de lucha que a nombre del anticomunismo construyeron y dirigieron desde el Pentágono. La Revolución cubana, las luchas de liberación nacional en diversos países del continente, la presencia del Che Guevara y las fuertes luchas sociales sindicales y estudiantiles en Bolivia, fueron el pretexto para la construcción de fuertes redes de lucha anticomunista y golpes de Estado que desde los 60 se libraron en Bolivia.
La Doctrina de la Seguridad Nacional y la destrucción del supuesto enemigo interno, que dio lugar a la guerra sucia caracterizada por la destrucción de todo tipo de reacción social y política, los secuestros, las torturas y las desapariciones forzadas como una nueva forma de represión social mediante el terror buscaron inmovilizar a la población. El uso de grupos paramilitares y la construcción del Plan Cóndor es la característica fundamental de la época, de la que Bolivia fue parte sustantiva, y para el que mucho del financiamiento para la represión y articulación fue producido por los negocios del narcotráfico.
17 de julio
Por la información que se tiene y la historia misma, el general Luis García Meza se preocupó meses antes de ser nombrado comandante general de las Fuerzas Armadas y en franca beligerancia con el grupo liderado por Alberto Natusch Busch e inclusive por el general Hugo Banzer. El promotor del golpe de Estado, sin embargo, fue el coronel Luis Arce Gómez, apoyado en el engranaje anticomunista armado con anterioridad por Klaus Barbie y que en una anterior articulación con los órganos de represión Argentina (Plan Cóndor) organizó la presencia de mercenarios argentinos, quienes como en una suerte de tarea conjunta tomaron a su cargo el asalto a la Central Obrera Boliviana (COB), donde se encontraban reunidos todos los dirigentes sindicales, políticos, religiosos, de derechos humanos y periodistas, que decididos a enfrentar el golpe que se veía venir se reunieron en la sede de la COB, donde son asesinados tres militantes revolucionarios: Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores y Gualberto Yujra, de dos de ellos sus cuerpos aún están desaparecidos.
Todos fueron llevados al Estado Mayor, tendidos en los galpones de los animales, pisoteados con frecuencia; todos, hombres y mujeres tuvieron que aguantar las vejaciones y golpes de los mercenarios, quienes fueron reconocidos como argentinos por su acento. Por datos obtenidos, esa misma mañana todo el grupo de mercenarios fue reunido en el Estado Mayor, desde donde partieron hacia la sede de la COB, el asalto a la Radio Fides y el apresamiento de religiosos, también fueron acallados otros órganos de comunicación.
«El uso de grupos paramilitares y la construcción del Plan Cóndor es la característica fundamental de la época, de la que Bolivia fue parte sustantiva, y para el que mucho del financiamiento para la represión y articulación fue producido por los negocios del narcotráfico»
Minutos antes fue García Meza el encargado de tomar por asalto la sede de gobierno, apresar a la presidenta Lydia Gueiler y a sus ministros, estos posteriormente llevados al Estado Mayor.
DD.HH.
Violación a los Derechos Humanos: El amedrentamiento a toda la población por las demostraciones de fuerza de los grupos paramilitares y militares, el uso de vehículos y ambulancias, el secuestro de los más importantes dirigentes nacionales, además de la desaparición de uno de los líderes más connotados de la historia boliviana, Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Durante las 24 horas siguientes fueron allanadas cientos de viviendas, apresados dirigentes y familiares; fue imposible acercarse a reclamar o preguntar al único lugar factible, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, bajo el riesgo de no salir del mismo. Todos eran sospechosos: familiares, universitarios, religiosos, laicos y miembros de los organismos de Derechos Humanos.
A la fecha, de acuerdo a datos de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd) y otra documentación, se reportan 26 personas secuestradas y aún desaparecidas; de ellos, solo de uno se recuperaron sus restos. A pesar de las investigaciones, los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de Carlos Flores no han sido encontrados. Por algún dato expresado por Luis Arce Gómez, en una entrevista en 2019, podría ser que los restos de Quiroga Santa Cruz hubiesen sido puestos en uno de los nichos reservados en esa oportunidad por el Ejército, y que luego fueron destruidos. Las osamentas entregadas a su familia tampoco pudieron ser analizadas por el estado de calcinación de las mismos.
El juicio de responsabilidades a ambos y sus colaboradores, excepto el horrible genocidio a ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en la calle Harrington, no incorporaron los temas de las desapariciones forzadas, de las torturas, y la represión a la población, temas aún pendientes de realizar. A pesar del fallecimiento de ambos personajes, aún viven varios de los represores de la dictadura de Banzer, Natusch Busch y García Meza, a quienes será necesario establecer el juicio que corresponde de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, tanto como el resarcimiento a las víctimas, un tema pendiente del Estado boliviano. También será necesario no olvidar las relaciones entre el narcotráfico y los golpes de Estado, el impacto negativo contra la economía, la cultura, los derechos sociales, económicos y políticos, temas que al parecer aún persisten.
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Nila Heredia Miranda Médica, exministra de Salud y expresidenta de la Comisión de la Verdad en Bolivia
