Por Rudy López
Desde la década del 90, con los gobiernos de la llamada Concertación, que Chile no pedía préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI), de hecho, el país se convirtió en acreedor a partir del año 2000. Estos gobiernos se encargaron de administrar el sistema neoliberal, el cual, a pesar de profundizar las desigualdades, precarizar el trabajo, el territorio, la vivienda y un largo etcétera, lograron tener un robusto sistema financiero que les permitió un crecimiento casi sostenido. Con todo, en la última semana la administración Pñera pidió una Línea de Crédito al FMI (LCF), que aunque no es un préstamo como los solicitados por otros países de la región en los últimos 30 años, se convierte en un hecho relevante lo mencionado.
La última vez que La Moneda pidió un préstamo al FMI fue durante la última etapa de la dictadura, en concreto entre 1985 y 1986. En ese periodo, tanto el FMI como el Banco Mundial (BM) comenzaban a entregar préstamos a distintos países con el fin de aplicar condiciones de reducción del gasto público, privatización de empresas estatales, entre otras, con el fin de aplicar el Consenso de Washington.
Para esos años, Chile pasaba por una de las peores crisis económicas de su historia. La ollas comunes, los precios elevados, el desempleo y el hambre se convertían en la normalidad, junto a las violaciones de los Derechos Humanos, la criminalización de la pobreza (como si todo un barrio fuese responsable por los delitos que no son más que un síntoma de una desigualdad estructural), los militares abusando de su poder. No obstante, con aquel préstamo no se realizaron grandes condicionamientos ya que la dictadura comenzó a implementar las reformas neoliberales desde 1974 y 1975, años en que pide si primer préstamo al Fondo. La historia de las privatizaciones, los Chicago Boys y los corruptos beneficios de personeros de la dictadura vía reformas, son un tema ya estudiado y que no dan para profundizar en este artículo. Enfoquémonos en la solicitud de la LCF.
¿Qué es la LCF?
Este instrumento de la organización financiera internacional es el mismo que solicitó Venezuela a inicios de la pandemia del Covid-19 y que le fue negado. Se basa en una reforma emprendida por el organismo para adaptar sus herramientas de préstamos a las distintas necesidades y circunstancias por las que atraviese algún país. Al no tener condicionamientos de ningún tipo, la LCF solo es girada para “países con marcos de política e historiales económicos muy sólidos”.
Según la web institucional del organismo, este instrumento se crea debido al “estigma que supone obtener crédito del FMI”[1], pero al estar disponible solo para países que adoptaron en el pasado políticas constrictivas del sector público y que por ende tienen sistemas financieros más fuertes, sigue manteniendo la misma lógica neoliberal.
De acuerdo a la explicación que entrega el FMI, la LCF puede ser utilizada de las siguientes maneras[2]:
- Los países habilitados gozan de flexibilidad para utilizar la línea de crédito en cualquier momento dentro de un período predeterminado o para tratarla como un instrumento precautorio.
- La LCF garantiza a los países habilitados acceso amplio e inmediato a los recursos del FMI, sin condiciones continuas, gracias a la solidez de sus marcos de política.
- La LCF funciona como una línea de crédito renovable que puede usarse inicialmente por uno o dos años, con un examen del derecho de acceso al cabo del primer año. Si un país decide utilizar la línea de crédito, los reembolsos deben efectuarse a lo largo de un período de 3¼ a cinco años.
- La LCF opera sin límite de acceso a los recursos del FMI, y la necesidad de recursos se evalúa individualmente.
No es un préstamo
Cuando se conoció la noticia de que Chile obtendría una LCF por un monto de 23 mil 800 millones de dólares, el imaginario colectivo ya pensaba en un escenario similar al argentino. Ante esto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, rápidamente comentó que “esta es una línea precautoria solicitada por y para el Banco Central de Chile, que le permite complementar sus reservas internacionales de forma de acometer de mejor manera su mandato legal establecido en la Constitución y en su ley orgánica constitucional”, dejando en claro que el desembolso no financiaría el gasto público ya que no está dirigido al Gobierno de Chile.
Esto puede causar cierta confusión, pero es necesario recordar que desde la dictadura el Banco Central de Chile es autónomo al Gobierno. Por ende, cada decisión que tome no debe, necesariamente, contar con el aval del o la Presidente/a de la República.
Esta petición solo pone en relieve que el sistema neoliberal (y con el uso de este concepto no me refiero solo a la esfera financiera y económica, sino también a la política, social y hasta cultural), que ya daba muestras de fisuras, desde el estallido social de octubre de 2019, busca ser recimentado por la élite gobernante. A pesar de la crítica situación de salud que vive el país, el sector financiero sigue velando por mantener a flote a bancos y grandes empresas, no existe preocupación real por la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) ni por los ciudadanos y ciudadanas que se han visto en un duro pasar debido a la misma precariedad laboral. Es necesario recalcar que el Gobierno dio luz verde a que empresas puedan despedir a empleados/as y que solo ha otorgado un bono de 65 mil pesos (aproximadamente 79 dólares) a las familias más vulnerables.
Durante esta crisis sanitaria, aprovechando la cuarentena, el Gobierno se ha dedicado a “restaurar” la infraestructura “dañada” por las protestas sociales, pero también intenta restaurar, aunque sea con cinta adhesiva, un sistema que ya no logra sostenerse a sí mismo.
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Rudy López Cientista político
[1] https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/pdf/fcls.pdf
[2] Ibid.
