Por Ximena Roncal Vattuone
La política imperial norteamericana se ha caracterizado por el saqueo y la agresión colonial, creando países y dividiéndolos, direccionando sus políticas y acciones desde los más altos niveles de decisión imperial, con sus distintos organismos –apéndices de sus objetivos– y a través de la ejecución de planes y proyectos desestabilizadores a toda lógica contraria a sus intereses geoestratégicos.
Con la suscripción del Pacto de Bogotá, la Organización de Estados Americanos (OEA) nacía en el año de 1948, con la finalidad de defender los intereses comunes y la unidad de la región, pero en su recorrido este organismo se va constituyendo en el garante de la política neocolonial norteamericana, que después de la Guerra Fría pretendió instaurar un orden mundial único a través del establecimiento de reglas y acciones unipolares. El apoyo a dictaduras y movimientos reaccionarios para derrocar a gobiernos contrarios a su ideología se diseña desde lo económico, el uso de la fuerza y hasta acciones militares sangrientas –acciones disuasivas y/o preventivas– que forman parte del control imperialista en la región latinoamericana y caribeña, sembrado por el mundo el Know How y el deseo del American way of life.
La OEA, como instrumento político, ha fortalecido la unipolaridad norteamericana, posibilitando al Pentágono el intervenir, imponer, derrocar, invadir y sancionar a aquellos países incompatibles con el “concepto de libertad americana”, homogeneizando la visión del mundo, de su mundo. Si bien, como señala Serbin, «la Carta de la OEA consagró formalmente los principios de no-intervención, la equidad jurídica y el arreglo pacífico de las disputas entre estados (…) para garantizar marcos institucionales para el diálogo y la resolución pacífica de conflictos internos, y el desarrollo de mecanismos de seguridad hemisférica para mantener la estabilidad y la paz regional”.
Estos argumentos falaces han sido utilizados para definir las prioridades de la política de los EE.UU. y de las economías nacionales dependientes, consolidando la ilegalidad en la estrategia de poder hemisférica, subsumiendo todo lo social y donde la OEA, apostándole al ganador, ha condicionado no solo la ayuda económica, sino también los acuerdos y cualquier tipo de negociaciones; ha dispuesto de leyes no para el bien común de la región, sino para el fin conveniente de las dinámicas geopolíticas y militares de reproducción capitalista.
Cronología necesaria
Es importante resaltar que si bien es cierto que Washington delinea los trazos del quehacer y accionar de la OEA para reunir el apoyo necesario y los votos que aseguren su política continental, esto se hace posible también gracias a la consolidación de alianzas con los grupos de poder internos de cada país –las oligarquías y/o burguesías súbditas nativas– que direccionan las políticas hacia un Estado sometido.
En esta maraña de sombras de la OEA, en 1962 deciden excluir a Cuba, que exigía soberanía e independencia política. El Sistema Interamericano la “acusa” de comunista, por lo que es considerada una amenaza para el continente, y desde entonces imponen el más brutal bloqueo económico, además de que el Consejo de la OEA exige a los países miembros romper relaciones diplomáticas con la Isla, evidenciando la violación flagrante del principio de no-intervención, “la doble moral” y la falta de congruencia de los principios sobre los cuales se definieron la creación del organismo: “la hegemonía estadounidense en la región definía la defensa de la democracia en la OEA en términos anticomunistas”, señaló López.
En su desenvolvimiento, la OEA hace patente su verdadera función al servicio norteamericano y, con su complicidad, los unipolares desprenden a Brasil de Latinoamérica en 1964, a través del golpe militar contra el presidente João Goulart, con la finalidad de articular los recursos y la industria brasilera al complejo militar-industrial estadounidense. En 1965 hacen lo propio en República Dominica, país al que también “deciden alejar” del peligro comunista, interrumpiendo el mandato del entonces presidente Juan Bosh, electo democráticamente; la OEA se limitó a enviar a la Fuerza Interamericana de Paz, conformada por marines norteamericanos. En esta cronología de transgresión al Derecho Internacional destruyen el proceso chileno en 1973, destituyendo al presidente Salvador Allende, golpe de Estado que contó también con el apoyo de la CIA. En 1982, el organismo guarda silencio en la Guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra y, de la misma manera, en la invasión a Granada en 1983. En 1989 llevan a cabo la Operación Causa Justa –según George H. Bush–, justificando la invasión a Panamá, causando muerte y destrucción en el país centroamericano. En 2002 apoya con descaro el fallido golpe de Estado a Venezuela, perpetrado por el gobierno norteamericano, así como los intentos de desestabilización, amenaza y bloqueo que vive este país.
«La OEA, como instrumento político, ha fortalecido la unipolaridad norteamericana, posibilitando al Pentágono el intervenir, imponer, derrocar, invadir y sancionar a aquellos países incompatibles con el ‘concepto de libertad americana'»
Como olvidar la “indecisión” de la OEA el año 2004 (ocupado militarmente desde entonces) cuando se fragua el golpe de Estado al presidente electo en Haití, Jean-Bertrand Aristide, James B. Foley, embajador de los EE.UU. argumentaba que el presidente había “renunciado voluntariamente”, y en el 2006 el organismo destacaba la intervención de la llamada Misión de Estabilización (Minustah), denunciada por violentar los DD.HH. en ese país. En este despliegue neocolonial y argumentando “ayuda humanitaria” en 2010, el terremoto en Haití creaba las condiciones para reocupar la llave del Caribe instalando el Cuartel General del Comando Sur. De igual manera, la OEA no ha condenado la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia, que en 2008 reactivaba la IV Flota, y el mantenimiento de su sistema de bases militares en la Cuenca del Caribe.
Estados Unidos ha cercado con su red militar a América Latina y el Caribe: Panamá, Puerto Rico, Colombia, Perú, Haití y Honduras, por mencionar algunos países, siendo sus áreas estratégicas Centroamérica y el Caribe, donde se concentran la mayor cantidad de bases militares proyectando una geopolítica imperial perversa y sin la condena de la OEA.
En la última década, el golpe de Estado en Honduras al presidente constitucional Manuel Zelaya en el 2009, forjado en la Embajada estadounidense y en la base de Palmerola, con terribles consecuencias para la democracia, que hoy mantiene a este país sumido en la violencia, en la descomposición social y con casi un 60% de la población que vive en estado de pobreza gracias a la privatización y la pérdida de los derechos más elementales, como el respeto a la vida misma.
La misión de la OEA
Con una nueva estrategia, el poder imperial con la anuencia de la OEA ha forzado decisiones legislativas en los parlamentos de las naciones latinoamericanas: el golpe de Estado jurídico parlamentario al presidente Fernando Lugo en Paraguay, cuyo resultado es su destitución y juicio político; y en 2016, cuando la cámara de diputados en Brasil aprueba el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, además de perseguir y encarcelar a Luiz Inácio Lula da Silva.
La OEA se devela, por un lado, en el espacio de coerción política y represión de las políticas económicas no acordes al unilateralismo, para promover y ejercer los valores y la ideología norteamericana hacia Latinoamérica y el Caribe. Por el otro, como el foro de legitimación de las intervenciones estadounidenses en los asuntos internos en la región.
La OEA ha centrado sus acciones desde un plano político en dos áreas específicas: la defensa de la democracia y la defensa de la soberanía como dimensiones fundamentales del sistema de las relaciones interamericanas, a partir de los principios de no-intervención y la autodeterminación. Ambas áreas se constituyeron en la trama tejida por la estrategia de expansión capitalista desde el Norte, disolviendo los avances de los Estados nacionales.
La democracia se impone desde la visión del Departamento de Estado norteamericano, adecuando el discurso en función de los intereses de este país, por lo que la defensa de la democracia y la soberanía están alineadas a la defensa de seguridad nacional norteamericana, a sus políticas de “ayuda exterior” y ese interés nacional abarca los territorios del mundo, a su ofensiva en la elaboración de políticas continentales, a su política de nación colonial y donde la democracia se entiende como un mecanismo de selección de gobernantes, los cuales deben administrar el sistema político con los criterios establecidos en Washington.
Queda claro entonces que la OEA nunca ha representado a la región y, con la dirigencia de Luis Almagro, lacayo del gobierno norteamericano, este organismo muestra su sumisión y parcialidad al interés regional de EE.UU., a su vocación neocolonial, a su interpretación imperial de la democracia, la soberanía, la libertad y los DD.HH.
La OEA asume una posición de neutralidad ante la violenta represión que ejerció Lenín Moreno a las manifestaciones de los sectores populares e indígenas a la cabeza de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra las medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI), exigiendo a su Gobierno la derogación del Decreto 883, que contemplaba el incremento de precios del combustible.
«Es tiempo de que la OEA desaparezca del escenario latinoamericano y caribeño, perdió su legitimidad y credibilidad, si alguna vez la tuvo»
El pueblo mapuche, los estudiantes y las mujeres de Chile están exigiendo transformaciones profundas del modelo económico chileno, cansados de la inmensa desigualdad, la carencia de empleos y de oportunidades, donde las pensiones, la salud y la educación son privadas, sin posibilidad de acceso a la mayoría social. La respuesta brutal del derechista Sebastián Piñeira no ha sido ni siquiera cuestionada por la OEA, Almagro se ha mantenido al margen de los actos terroríficos de odio perpetrados por los carabineros que han dejado ciegos a más de 200 jóvenes menores de 30 años; denuncias de tortura y abuso sexual hacia las mujeres son ignoradas en un país donde el 1% de la población posee el 30% de la riqueza, y el 50% más pobre accede solo accede al 2.1 % de ella.
El caso boliviano
La misión de la OEA de seguir los intereses de las políticas injerencistas de los gobiernos en turno de Washington, queda una vez más ratificado con el certero golpe de Estado contra el presidente Evo Morales Ayma (este denunció la marcha de un golpe de Estado 15 días antes de su consumación), quien fue obligado a dimitir de su cargo después del despliegue de una campaña mediática de fraude electoral mucho antes incluso que se realizaran las elecciones el 20 de octubre. La OEA, en confabulación con la ultra derecha oligárquica fascista y racista, la Iglesia, los militares con su “sugerencia” y sin duda EE.UU., conspiraron contra un Gobierno elegido por voto popular y cuyo mandato finaliza en enero del 2020, desconociendo de esta manera el sufragio y el valor de la democracia.
“A pesar de no contar con evidencia de un fraude electoral, Evo accedió por voluntad propia a que se convocaran a nuevas elecciones, respondiendo a algunos cuestionamientos legítimos y a muchas protestas orquestadas. La OEA no tuvo ningún reconocimiento de la acción a pesar que esta medida era lo que pretendidamente se buscaba en un principio”, publicó Buenrostro.
Tres días después de la renuncia, la hipocresía de la OEA y el cinismo de Almagro respaldan la usurpación de la autoproclamada presidenta en un parlamento sin quórum en nombre de la democracia, claro está que con el reconocimiento inmediato de Donald Trump, quien declaró: “celebro la actuación de las Fuerzas Armadas y la preservación de la democracia”, evidenciando un enorme retroceso de la construcción democrática en Bolivia y en la región. El sepulcral silencio de este organismo fue cuestionado por el Gobierno mexicano y ante este hecho Almagro solicitaba una salida “constitucional”, legitimando la “inconstitucionalidad” del golpe.
La autoproclamada Jeanine Áñez, miembro de la alianza opositora Unidad Demócrata, instala un gobierno de facto, lleno de odio político, con el objetivo de destruir todo lo relacionado con el Movimiento Al Socialismo (MAS), como si con eso pudiese borrar la memoria de los pueblos y los importante logros y avances del Gobierno de Morales, conocidos en la comunidad internacional. Áñez legitima la bala letal y el disparo a quemarropa para mantener el “orden” eximiendo de responsabilidades penales a las FF.AA. a través del decreto supremo 4078, reprimiendo y apuntando sin piedad a los pueblos indígenas, la mayoría social y cultural del Estado Plurinacional de Bolivia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que después de usurpar la presidencia, en seis días de gobierno de facto tiene en su haber a 23 muertos y a 715 heridos, además de la cacería que ha iniciado hacia todos los dirigentes del MAS y la prensa nacional e internacional que está denunciando la violación de los DD.HH. del actual gobierno. El gobierno fascista no quiere testimonios de su cruenta dictadura y la OEA mantiene un silencio sepulcral.
El respeto al otro y el respeto a la diferencia no forman parte de los principios “democráticos” de la ultraderecha fascista a la que representa, al contrario, ha aflorado el racismo y el desprecio, criminalizando a los indígenas y justificando la represión con el argumento de “cazar delincuentes», instando al odio, la violencia, pero lo más grave aún, fabricando pruebas para el “ajuste de cuentas”.
Dejemos claro entonces que no estamos hablando de “una lucha de machos” ni del restablecimiento de la democracia, estamos hablando de un golpe de Estado avalado por la OEA. Ni este organismo ni Luis Almagro han podido mostrar evidencias contundentes de las “supuestas irregularidades” en las elecciones de 20 de octubre y, por el contrario, esta siniestra evaluación está siendo cuestionada por instituciones como el Center for Economic and Policy Research (CEPR); no olvidemos que Bolivia es rica en litio, petróleo y gas, y tiene una importante ubicación geoestratégica en América Latina.
Es tiempo de que la OEA desaparezca del escenario latinoamericano y caribeño, perdió su legitimidad y credibilidad, si alguna vez la tuvo. Es necesario recuperar la esencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), sin intervención norteamericana y su organismo apéndice. Me queda claro que las dictaduras no se miden por años, sino por hechos.
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Ximena Roncal Vattuone Doctora en Economía Política del Desarrollo
