Por Yonder Canchica
Al abordar la situación de una economía agredida es importante recalcar que la especulación, usura y el acaparamiento no son la realización de actos de audacia o viveza que deban aplaudirse, sino que se trata de hechos delictivos, así como un corrupto, un ladrón, un homicida, un denominado “pran” o quien pide la intervención militar contra su país no es un héroe, ni son estas un manojo de virtudes que deban ser admiradas, ya que su conducta es reprochable desde todo punto de vista.
Es evidente que la economía venezolana está siendo atacada por la imposición de bloqueo económico, persecución y medidas coercitivas unilaterales, denominadas eufemísticamente “sanciones” por parte del gobierno de Estados Unidos, con la colaboración de algunos gobiernos del continente, las cuales ocasionan daño a todos los ciudadanos. Pero existen otros factores en la realidad venezolana y su economía, que juegan un rol importante en su mejora o desmejora.
La producción de bien y servicio juega un rol importante en la mejora de la economía, tanto en el sector privado o público, pero para ello se requiere más organizaciones de trabajadores que funcionen al lado de la gente y no como castas desconectados de la realidad de las empresas que solo tenga a la “clase obrera” en el discurso y no en la práctica. Es necesaria la estimulación a la inversión extranjera y nacional que, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, apuesten por el país mediante distintas fórmulas y herramientas.
La aparición del dólar ilegal como marcador o referencia de precios mediante páginas de internet o redes sociales, sin duda alguna es otra muestra de ataque a todos los venezolanos. Marcador arbitrario que no responde a ninguna explicación o ecuación económica y sí a los caprichos e intereses de quienes operan estas páginas que, además, solo sirven de referencia para el alza de los precios. Basta con ver cómo, en los días que en estas páginas ilegales imponen a la baja el valor dólar, no disminuyen los precios que fueron aumentados anteriormente cuando estuvo en alza; con ese pretexto de futuro e incierto de tener que hacer reposición de inventarios con la divisa a un valor que solo pueden suponer.
Por otra parte, es positiva la creación del Petro para evadir las medidas coercitivas e ilegales, pero hasta que este criptoactivo no sea el referente de precios no cumple del todo su función de protección de la economía, como se aspira. Igualmente es positivo y significativo el establecer acuerdos entre todos los sectores económicos, pero para ello se debe tener claro el cumplimento obligatorio de la norma y no hacer interpretaciones a conveniencia ya que la ganancia máxima debe ser del 30% de los precios en los productos.
El precio justo se construye con la suma de los costos de producción, más los gastos ajenos a la producción, más la ganancia; por lo que tiene que ser un máximo del 30%. El precio justo se calcula independientemente del número de intermediarios presentes en la cadena de distribución o de comercialización de un bien o servicio. No es que quien produce (sujeto 1) le incrementa 30% al producto, quien trasporta (sujeto 2) le incrementa otro 30% de ganancia y el vendedor (sujeto 3) le aumenta 30% más para que el consumidor final, porque, con esa interpretación estaríamos hablando de un incremento total del 90% o más.
Pero más importante que establecer precios en todos los sectores económicos es establecer, como marco de convivencia, principios y valores acordados que no varíen por ningún elemento fiduciario. Hacer lo contrario sería asumir que el hombre es lobo del hombre. Sería asumir como comportamientos correctos el individualismo y la trasgresión de las normas establecidas en nuestro pacto social de convivencia, que tienen como base los fundamentos constitucionales y legales.
«La democracia participativa y protagónica no es un enunciado decorativo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que debe ser un hecho transversal en toda la realidad nacional y en la respuesta del ataque multiforme a la economía no puede ser la excepción»
No podemos concebir como cierto que toda la sociedad esté dispuesta a realizar actos de daño o perjuicio sobre la propiedad o el patrimonio de otras personas con el ánimo del lucro propio. Lo seres humanos no nos regimos en la vida por el salvajismo y las mal llamadas «leyes del mercado»; para la vida en sociedad es necesario el cumplimento de la ley ya que el incumpliendo de la norma hace que estos actos negativos se cometan con más frecuencia y, al final, el castigo no basta para reducir estos hechos.
En Venezuela existe un marco normativo que regula la actividad económica como lo es la Constitución, leyes constitucionales, códigos y, entre otra leyes, se destaca la ley Orgánica de Precios Justos. Esta última prevé infracciones y delitos para los «sujetos de aplicación» (personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas) que incumplan la ley, y establece a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) como el ente que ejerce la rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudio, análisis, control y regulación de costos, y determinación de márgenes de ganancias y precios.
La Sundee en la práctica no tiene la capacidad humana numérica o cuantitativa para supervisar y fiscalizar a todos los sujetos de aplicación del país y mucho menos puede quedarse permanente en cada comercio, por lo que se ve impedida para realizar el seguimiento y control posterior de los sujetos de aplicación ya fiscalizado o denunciado. La pregunta que surge es: ¿cómo hacer para tener más capacidad de seguimiento, vigilancia, supervisión y control?
El constituyente Esteban Arbelo ha propuesto en varios espacios lo que podría ser la respuesta y solución a esta pregunta, como lo es la incorporación de los fiscales previstos en la Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), para que estos más de 40 mil fiscales, que están en todos los rincones del territorio, realicen la supervisión y control posterior permanente bajo la coordinación y preparación de la Sundde.
Igualmente se hace imprescindible la creación de una jurisdicción especial en todo el país para delitos económicos, donde lo abogados del Sistema de Justicia, en sus diversas funciones, tengan el apoyo de expertos en la materia para obtener la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho en los casos de delitos como la especulación, el acaparamiento, la usura, el boicot, entre otros. Igualmente es necesario revisar las penas de esos delitos y las medidas preventivas para su mejor aplicación, ya que muchos de esto hechos solo prevén sanciones monetarias que terminan pagando los consumidores con el aumento irracional de precios.
El juristas Luigui Ferrajoli, con respecto a la búsqueda de derecho y bienestar común, señala: «Los derechos fundamentales, como señala la experiencia, no caen nunca del cielo, sino que llegan a afirmarse cuando se hace irresistible la presión de quienes han quedado excluidos ante las puertas de los incluidos.”
La democracia participativa y protagónica no es un enunciado decorativo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que debe ser un hecho transversal en toda la realidad nacional y en la respuesta del ataque multiforme a la economía no puede ser la excepción. Si se está frente a un ataque de estas características, se debe dar una respuesta o combate asimétrico, con todos los recursos disponibles utilizando tácticas atípicas que rebasen el marco de lo tradicional.
Para hacerle frente a los globalistas financieros que atacan a los pueblos, indudablemente, la propuesta tiene que ser principios acordados, aplicación de la ley y oponer a esas fuerzas financieras el poder popular, para empoderar al Estado con su plena soberanía económica.
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Yonder Canchica Abogado
