Por Ana Cristina Bracho
El deseo de retornar suele acompañar como una forma particular de nostalgia a los emigrantes. La lejanía hace que uno evoque, con ternura, las cosas más pequeñas: los ruidos, las voces, los olores. Que uno lamente haberse despedido rápido o insensiblemente, que uno reconsidere el peso de perderse todas las alegrías, de soportar la ausencia en todas las tristezas. Por ello, como quien mira una moneda, la otra cara del derecho a irse es el derecho a regresarse.
En el mundo que vivimos, basta con tomar la prensa para darnos cuenta que el presente se caracteriza por políticas que se oponen a la recepción de inmigrantes. Lo cual tiene su imagen más clara en el discurso de Donald Trump que pasó de la política de detención en “hieleras”, al dictado de la política de tolerancia cero, las redadas en casas y trabajos, sin jamás dejar de insistir en construir un muro que, como un cinturón, detenga todo lo que viene del sur y que, para mayor vergüenza, ahora construyen con el dinero que han “comisado” a Venezuela. Esto no es muy diferente si pensamos en Hungría o en el Mediterráneo, donde incluso durante la pandemia continúan aplicándose protocolos para evitar la cercanía y garantizar el rechazo de los que pretendan entrar.
¿Qué postura ha de tomar un Estado cuando sus nacionales aspiran regresar o cuando son víctimas de tratos que violentan sus derechos fundamentales? En esto, debemos considerar que la nacionalidad es un derecho perpetuo, derivado del simple hecho de nacer en un país o de padres que la tenían. Por ello su Estado-nacional debe permitirles regresar, abrirles las fronteras cuando lo pretendan e incluso buscar mecanismos que financien o hagan gratuita la vuelta.
La repatriación suele hacerse también cuando en el país donde hay una comunidad extranjera se da una situación de inminente riesgo, como una catástrofe o una guerra, lo que conlleva todo un trabajo diplomático que se desarrolla para preservar la vida y los derechos de quienes deseen salir del contexto de riesgo.
En el marco del Covid-19, con sus matices, muchos países han intentado que su población que se encontraba en el exterior regresase a su país, con la excepción de Argentina, Bolivia y Paraguay, que prefirieron garantizar la seguridad del territorio y prohibir todo ingreso. Es importante ver que antes que el Covid-19 se declarase como una pandemia y tenía su principal foco en China, varios Estados repatriaron a sus nacionales.
«El retorno es un Derecho Humano y la consideración sobre volver o no volver debe ser una elección libre del titular de ese derecho»
En condiciones normales, es usual que los países que han sufrido una emigración importante alienten mediante leyes o programas que sus nacionales regresen. En esta categoría está el plan venezolano “Vuelta a la Patria”, que desde sus inicios ha sido torpedeado, al negarse los permisos de vuelos, el surtido de gasolina, entre otros. Sin embargo, un plan nacional de retorno no es una medida que no tiene precedentes. Podemos ver, por ejemplo, cómo esto ocurrió en Alemania o cómo el gobierno de Rafael Correa se lo propuso a los ecuatorianos que se encontraban en el extranjero o, cómo en Colombia, en el marco de las negociaciones de paz, se trató este tema.
Lo singular es que estas medidas sean evitadas precisamente por entidades o países que señalan que uno de sus problemas es tener una población inmigrante que atender. Esto solo ocurre masivamente cuando un país pretende colonizar otro –por ejemplo, con las negaciones a los palestinos de ocupar sus propias tierras por parte de Israel– o porque existe un propósito de decir que una población no puede retornar. Es decir que el derecho a regresar que les facilita su país es detenido por un país receptor o de tránsito porque tiene interés en sostener que la población que ha llegado a su territorio no es un cúmulo de migrantes económicos que se fueron a buscar trabajos que les permitiesen generar remesas o hacer ahorros, sino que son solicitantes de asilo o de refugio, categorías que implican grandes riesgos vitales y regímenes especiales.
Es clave en esto que nosotros veamos algunos asuntos de manera diáfana. El primero, es que existe una importante cantidad de venezolanos emigrantes y sus derechos fundamentales se encuentran comprometidos, en especial, en los países latinoamericanos hostiles al Gobierno, que han desarrollado políticas contradictorias para atenderles. El segundo, es que reaparece una idea de tratamiento por acuerdos o ligas internacionales que insiste en que los migrantes son refugiados. El tercero, es que el retorno es un derecho fundamental y que cada una de las fases (la salida, el tránsito, la entrada al país y finalmente la llegada al hogar) deben cumplirse en acuerdo a las normas humanitarias que se han estandarizado en el mundo.
Porque pase lo que pase, incluso en medio de la pandemia, el retorno es un Derecho Humano y la consideración sobre volver o no volver debe ser una elección libre del titular de ese derecho que valorará si la situación social o económica que le hizo moverse ha cambiado, o si lo que consiguió fuera del país no era como se lo había esperado.
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Ana Cristina Bracho Abogada
