Por Marielis Fuentes
Más de 40 feminicidios se registraron en Venezuela durante los primeros dos meses del 2020; en tiempos de aislamiento social, recesión e incertidumbre por la propagación del Covid-19, movimientos feministas y organizaciones internacionales, advierten latente repunte en los índices de violencia machista.
Las crisis mundiales suelen recaer con mayor impacto en unos cuerpos que en otros. Las guerras, los conflictos armados, el cambio climático y, por supuesto, las pandemias, afectan aún más a quienes históricamente han sido parte de la población vulnerable del planeta.
Las mujeres en el mundo representan el 70% del total de las personas pobres, cuentan con las peores condiciones laborales y en su gran mayoría son las encargadas del cuidado de las personas mayores, población sobre la que la pandemia del coronavirus actúa con saña. También son las encargadas mayoritarias de las tareas no remuneradas, como el trabajo doméstico y la crianza, actividades que por estos días sufren un alza en la demanda.
En momentos, en el que de manera global y sistemática se impone la cuarentena social como medida para frenar el contagio del Covid-19, produciéndose el cierre del 80% de las escuelas en más de 135 países, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco), y en vista de las limitaciones en la mayoría de las regiones para llevar a cabo la educación de manera virtual, por falta de la infraestructura tecnológica necesaria, las labores de enseñanza y educación en casa recaen de manera desproporcional en las mujeres.
Asimismo, la división sexual del trabajo establecida por los roles de género, ha traído como consecuencia que la atención del sistema de salud recaiga de manera mayoritaria en la población femenina. Durante la expansión de la pandemia un número importante de aseadoras, enfermeras y médicas están expuestas o infectadas con el coronavirus.
La brecha de género marca la desigualdad laboral entre hombres y mujeres, siendo ellas quienes más ocupan trabajos tercerizados o informales, sin contar son seguridad social o seguro médico y los ingresos de estas dependen del día a día.
En el caso de las mujeres trans la exclusión y discriminación social es doble, ausentes de la mayoría de las políticas públicas, sin documentos legales y perseguidas por la violencia, la prostitución se marca como única salida económica, imposibilitadas para cumplir con las recomendaciones de mantenerse en casa, debido a que la gran parte de ellas paga hospedaje diario o simplemente vive en las calles.
Las mujeres lesbianas tampoco escapan de esta tendencia de afectación por la cuarentena, en Venezuela, donde el Gobierno implementa el abastecimiento periódico, casa a casa, de alimentos básicos como carbohidratos, enlatados y granos, conocido como caja CLAP, un cierto porcentaje de familias constituidas por parejas lesbomaternales o lésbicas, son excluidas por algunas vocerías comunales por razones de lesbofobia, dejándoles sin acceso al beneficio social y exponiéndoles en medio de una situación de riesgo global.
Si tenemos en cuenta que de cada tres mujeres a nivel mundial, al menos una ha sufrido violencia machista ya sea del tipo psicológica, sexual o física, y que en América latina y el Caribe en 2019 fueron asesinadas 3 mil 800 mujeres, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sabiendo además que muchas veces los números oficiales contrastan con la gran cantidad de agresiones que no son denunciadas o contabilizadas, podemos darnos una idea del potencial riesgo que millones de mujeres corren en estos momentos, obligadas por la cuarentena a estar encerradas con sus maltratadores.
Desde el decreto de aislamiento social anunciado por el presidente Nicolás Maduro, a partir del 13 de marzo, el Ministerio Público (MP) informó que su equipo de Fiscales especializados para la defensa de la Mujer, se mantendrían laborando en la Unidad de Atención a la Víctima, ubicada en la sede de la avenida Urdaneta, en Caracas; también puso a disposición la línea 0800-FISCA (08003472200), para la recepción de denuncias.
«Es imperativo el que se analice cada situación desde la perspectiva de género, esto significa reconocer la manera diferenciada en la que la pandemia y la medida preventiva de cuarentena repercuten en la vida de mujeres y hombres»
De igual manera, la directora General del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), Carolys Pérez, dio a conocer en su cuenta Twitter que “en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz se atienden todas las denuncias en el VEN911. Y a nivel nacional pueden acudir a la sede de INAMUJER”.
Sin embargo, hasta la fecha la difusión de dichos medios para la atención de la violencia contra la mujer, en plena pandemia, no ha contando con el respaldo mediático del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MippCI), como tampoco ha sido publicado en las cuentas y portales oficiales del propio Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género o sus entes adscritos.
Por su parte, algunas organizaciones feministas nacionales, como el «Colectivo tinta violeta», se han activado en la tarea de enlazar con los organismos competentes las posibles situaciones de violencia contra la mujer que pudieran sucintarse en lo que dure el estado de aislamiento social.
En un contexto como el actual, es imperativo el que se analice cada situación desde la perspectiva de género, esto significa reconocer la manera diferenciada en la que la pandemia y la medida preventiva de cuarentena repercuten en la vida de mujeres y hombres. Aún y cuando se cuente con una línea de atención telefónica y una oficina abierta para la recepción de casos, es urgente preguntarse: ¿es eso suficiente?
Suponiendo que una mujer esté confinada con su agresor, le será cuesta arriba encontrar la intimidad necesaria para realizar la denuncia por vía telefónica, sin que eso le ponga en un mayor riesgo, ya que una vez el agresor se sienta amenazado buscará volcar su furia sobre la víctima.
Otro hecho importante es que en Venezuela, producto de la hiperinflación inducida en los últimos años y la carencia de medidas efectivas para frenarla, el poder adquisitivo de gran parte de la clase trabajadora a mermado, principalmente el de las mujeres, quienes muchas veces no cuentan con teléfono personal o computadoras con acceso a Internet, lo cual sería un notable impedimento para acceder a las medidas ofrecidas para la atención de sus denuncias.
Aún y cuando la víctima logre comunicarse, el protocolo inmediato debería incluir una medida de protección que incluya el resguardo preventivo en casas de acogida o abrigo, que permitan cortar el ciclo de la violencia y a su vez garantizar el cumplimiento de la cuarentena social en las mejores condiciones. De lo contrario, numerosas mujeres preferirán callar y aguantar los maltratos, antes de que tener que verse expuestas a salir de sus casas sin contar con el debido apoyo para ellas o para sus familias.
Lamentablemente la amplia red de Casas de Abrigo con la que llegó a contar el Inamujer en años anteriores, hoy presenta un notable detrimento producto del bloqueo y la mala gestión institucional, encontrándose la gran mayoría de estas cerradas o en condiciones poco idóneas para la debida atención.
La pandemia mundial del Covid-19 exige de los Estados el diseño de acciones positivas que tomen en cuenta la perspectiva de género, es decir, que sean transversales en la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres, que aminoren los efectos que sobre ellas específicamente causará.
Es propicio entonces asumir la crítica revolucionaria no como una amenaza al estado de confort burocrático, sino como como un músculo potente que impulse la transformación social desde la base y promueva los mecanismos para la vida en condiciones de igualdad de oportunidades, sin distinciones.
Para lograr mitigar los efectos negativos del Covid-19 en el liderazgo femenino, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) elaboró una lista de recomendaciones que todas los países adscritos a esta están obligados a cumplir, entre ellos Venezuela, quien hoy es uno de los Estados miembro del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas:
- «Asegurar la disponibilidad de datos desagregados por sexo, incluidas las tasas diferenciadas de infección, impactos económicos y la carga de cuidado diferenciados, e incidencia de violencias doméstica y sexual;
- Incluir la dimensión de género y a especialistas en género en los planes de respuesta y los recursos presupuestarios para generar conocimientos en materia de género en los equipos de respuesta;
- Brindar apoyo prioritario a las mujeres en la primera línea de respuesta, por ejemplo, mejorando el acceso a los equipos de protección personal que atiendan las necesidades de las mujeres y proporcionando productos de higiene menstrual para trabajadoras y cuidadoras, y acordando horarios de trabajo más flexibles para aquellas mujeres a cargo de tareas de cuidado;
- Garantizar la igualdad para las mujeres en la toma de decisiones en torno a la planificación de la respuesta y los efectos a largo plazo;
- Garantizar que los mensajes de salud pública lleguen a las mujeres de manera adecuada, incluidas aquellas personas más marginadas;
- Desarrollar estrategias de mitigación que se centren en los efectos económicos del brote en las mujeres y generen resiliencia en ellas;
- Proteger los servicios básicos de salud para las mujeres y las niñas, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva; y
- Priorizar los servicios de prevención y respuesta ante la violencia de género en las comunidades afectadas por el Covid-19.»
Del cumplimiento o no de estas y otras recomendaciones dependerá el que para las mujeres, sobre todo para las más pobres, las afro, las que por su orientación sexual o identidad de género son discriminadas, o las indígenas, o las que tienen alguna discapacidad, o las que están en alguna situación de vulnerabilidad sea cual fuere, puedan superar al mediano y largo plazo los estragos de la pandemia.
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Marielis Fuentes Realizadora audiovisual y articulista
