En octubre de 2024 se cumplen 21 años de la Guerra del Gas también conocida como la masacre de «Octubre Negro» en Bolivia, que tuvo lugar en 2003. Parafraseando a Adolfo Gilly, el 17 de octubre de 2003, aymaras, campesinos, trabajadores, trabajadoras, vendedoras de mercados y calles, estudiantes indígenas y mineros tomaron La Paz y derrotaron al gobierno de los poderosos y ricos junto a su presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Este movimiento que desde inicios de septiembre habían bloqueado caminos y que, desde el 8 de octubre, mantenían una huelga general, dijo ¡basta! a la matanza que el ejército comenzó el 20 de septiembre en Warisata, y siguió el domingo 12 de octubre en ciudad de El Alto. El lunes 13, mientras el ejército seguía matando al pueblo en las calles de La Paz, llevaron a sus muertos a los atrios de las iglesias y a los patios de sus casas, los velaron y, en susurros, contaron las atrocidades del ejército. Con las manos vacías pero la rabia en los ojos, mostraron a los reporteros los casquillos de bala recogidos en las calles de El Alto.
El martes 14, “en cortejos polvorientos, llevaron a sus muertos a las iglesias y asistieron en masa a las misas de cuerpo presente. En cada esquina, en las juntas vecinales, discutieron con sus dirigentes y decidieron que, a cualquier costo, bajarían a La Paz. Y aunque les costara quinientos muertos más, esa vez, juraron, tumbarían al presidente asesino”.
A pesar de los años transcurridos, muchas víctimas y familiares de los asesinados siguen exigiendo justicia. Gonzalo Sánchez de Lozada y otros responsables clave huyeron del país y no han sido plenamente juzgados por estos crímenes en Bolivia. Recordar este episodio es una forma de mantener viva la memoria y la demanda de reparación del daño a las víctimas.
La Guerra del Gas fue un catalizador para el cambio político en Bolivia, que culminó con la elección de Evo Morales en 2005, el primer presidente indígena del país, y la posterior nacionalización de los recursos naturales y una nueva Constitución Política que dio paso al actual Estado Plurinacional. Recordar estos hechos permite entender las raíces del actual modelo político-social-económico boliviano y los desafíos que enfrentó y que sigue dando continuidad el gobierno del presidente Luis Arce.
Conmemorar los hechos de esta gesta del pueblo boliviano no solo honra la memoria de las víctimas, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia, la soberanía, la inclusión y la responsabilidad de los gobernantes frente a su pueblo.
Contexto y antecedentes
La crisis política y social estalló en octubre de 2003 durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), en medio de una creciente oposición a su gestión neoliberal que ya había tenido un antecedente en febrero de ese mismo año conocido como Febrero Negro. Fue un levantamiento violento desatado por la decisión del gobierno de implementar un impuesto al salario, afectando a los trabajadores en medio de una profunda crisis económica. La medida, decretada bajo la presión del Fondo Monetario Internacional FMI para reducir el déficit fiscal, provocó protestas masivas, con la sublevación de policías y enfrentamientos entre fuerzas del orden y el ejército. Los disturbios, principalmente en La Paz, dejaron un saldo de al menos 33 muertos y más de200 heridos, evidenciando el creciente descontento social por las políticas neoliberales del gobierno recién comenzado el 2003.
La chispa que encendió la llama de la «Guerra del Gas» en octubre, fue la decisión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa de exportar gas natural a través de Chile, país con el que Bolivia tiene históricas tensiones debido a la pérdida de acceso soberano al mar tras la Guerra del Pacífico (1879-1884). Para muchos bolivianos, vender el hidrocarburo través de un país con el que existían heridas históricas fue inadmisible.
Las demandas eran claras y contundentes: primero, se pedía que el gas natural no se exportara hasta que se garantizara el abastecimiento del mercado interno. La idea de que un recurso vital para el desarrollo del país, se vendiera a precios irrisorios, apenas un dólar por mil BTU, era inaceptable. Segundo, se clamaba por una Asamblea Constituyente, un espacio de diálogo y consenso para construir un nuevo pacto social, un nuevo Estado que reflejara la voluntad del pueblo y en economía garantizar una equitativa redistribución de los ingresos. Bolivia ostentaba el triste lugar de ser el uno de los países más pobre de la región, aunque rico en recursos naturales.
La «Guerra del Gas» fue una lucha por la dignidad, por la soberanía, por un futuro mejor. Fue un grito de resistencia contra la injusticia y la desigualdad, un llamado a la construcción de una Bolivia más justa y equitativa que se mantiene hasta hoy. El conflicto involucró una serie de actores y fuerzas sociales. Por un lado, el gobierno de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, respaldado por el poder militar y policial, y por el otro, amplios sectores de la población, especialmente indígenas, campesinos y clases trabajadoras urbanas, encabezados por líderes como Felipe Quispe (líder indígena del Movimiento Indígena Pachakuti, MIP).
También participaron sindicatos, organizaciones sociales y vecinos de la ciudad de El Alto, quienes se convirtieron en el epicentro de la resistencia.
Este conflicto también se enmarcaba dentro de una creciente tensión en América Latina entre políticas neoliberales promovidas por instituciones internacionales y movimientos sociales que reclamaban soberanía sobre los recursos naturales y mayores derechos para los sectores marginados.
Los hechos principales
Masacre de Warisata (20 de septiembre de 2003): El ministro de Gobierno de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, encabezó una brutal operación policial y militar en Warisata, donde los campesinos habían cerrado el acceso a turistas, en su mayoría estadounidenses, que intentaban pasar por Sorata. La arremetida donde se disparó a mansalva desde un helicóptero, dejó un saldo trágico de cinco muertos, entre ellos una niña aymara, cuatro campesinos y un policía.
Bloqueos en El Alto: El 12 de octubre, El Alto se convirtió en el escenario de enfrentamientos más violentos, cuando el ejército intervino de forma brutal para reprimir las protestas que surgieron para frenar los camiones cisternas que transportaban hidrocarburos a zonas privilegiadas de la ciudad de La Paz, mientras escaseaba el combustible en el resto del país. El saldo fue decenas de muertos y heridos
Uno de los protagonistas fue la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), que protestaba principalmente contra la exportación de gas. Con un bloqueo a la ciudad, exigían los vecinos una consulta popular para que el pueblo decidiera sobre el destino de su recurso natural. Las protestas se fueron extendiendo por el territorio nacional.
Por su parte, Felipe «El Mallku» Quispe, líder campesino, se unió a la lucha, iniciando una huelga de hambre en la radio San Gabriel, acompañado por cientos de sus seguidores. Después la medida de presión fue seguida en la ciudad de La Paz para ser replicada en todo el país.
Ante la presión social y la pérdida de apoyo político, Goni renunció el 17 de octubre de 2003 a través de una carta que fue leída en el Congreso Nacional mientras él y algunos de sus ministros huían en helicóptero a los Estados Unidos, llevándose en maletas el dinero de los fondos de reserva nacionales.
El saldo final de las protestas y la represión en octubre de 2003 fue devastador. Según informes, más de 60 personas murieron (algunas cifras indican hasta 80) y más de 400 resultaron heridas por las fuerzas de seguridad. La violencia estatal desató una ola de indignación nacional e internacional.
La renuncia de Sánchez de Lozada marcó un hito en la política boliviana. Su salida abrió la puerta a una nueva etapa este Proceso de Cambio en el que los movimientos sociales son los protagonistas.
La Guerra del Gas u Octubre Negro representa para Bolivia un punto de inflexión transformador de la historia reciente del país. Fue un momento decisivo en la lucha por la soberanía sobre los recursos naturales, la resistencia contra las políticas neoliberales y la emergencia de un nuevo liderazgo indígena y popular que cambió el rumbo del país y que construye una sociedad con justicia social, que -por respeto a tanta vida entregada- debemos rememorar, continuar y defender.
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Correo del Alba
