Como en un espejo, nuestros dos entrevistados son protagonistas de la escena política boliviana y destacados militantes del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Ambos crecieron en Santa Cruz, son contemporáneos en edad y se formaron en el colectivo juvenil Columna Sur, donde alcanzaron puestos dirigenciales. Con abultadas credenciales académicas y trayectorias de militancia, volvieron a coincidir en la Cámara del Senado en la última gestión de Morales, donde trabajaron palmo a palmo. Sin embargo, hoy la disputa al interior del oficialismo les posesiona en las antípodas: a Eduardo Del Castillo como ministro de Gobierno y reconocido adherente del ala “renovadora” (arcista) y a Adriana Salvatierra como una de las caras más visibles e importantes del ala “radical” (evista). Con ellos hablamos de uno de los episodios más interesantes, imprevistos y significativos –por los alcances que ya tiene y otros tantos que aún puede desatar– de la política local.
Es por eso que, con el telón de fondo descrito, quisimos viajar a la raíz del conflicto, a las causas que motivaron la disputa interna que padece el partido político más grande de Bolivia. Del Castillo, desde un inicio, defiende el ejercicio del discutir en tanto “es sano el debate democrático, y más aún en organizaciones sociales y políticas como las nuestras”. A la par que fija temporalmente la apertura de la reyerta cuando “personas empezaron a electoralizar el campo político mientras el gobierno del presidente Arce no había cumplido ni un año; al mismo tiempo, para este fin, estas personas aprobaron un Estatuto sin previa socialización ni consenso, el cual ni siquiera fue cumplido en su evento de Lauca Ñ, donde además excluyeron a las organizaciones sociales matrices para aprobar determinadas tareas y acciones”.
El balance de esa cadena de acontecimientos para la joven autoridad nacional desembocaron en que “no se realice un debate interno, ni, por supuesto, un debate saludable, y ahora estamos viviendo las consecuencias de esas malas prácticas políticas que dañan al Instrumento como a nuestras organizaciones sociales y militantes en general por el interés de una persona por encima de los intereses del bloque popular”.
Salvatierra, por su parte, nos retrotrae aún más en el tiempo a fin de compartirnos una radiografía del oficialismo tras el golpe civil-militar de noviembre de 2019: “tras la ruptura del orden democrático y constitucional, la recuperación de la democracia y nuestro Programa de Gobierno de 2020 consistían en tres pilares: reconstrucción de la economía, garantía del acceso a la salud –para superar la crisis sanitaria– y justicia para las víctimas de Senkata y Sacaba como resultado del esclarecimiento de la verdad. Efectivamente no planteamos una agenda revolucionaria, pues era prioritario recomponer el tejido político, económico y social dañado en 2019. Finalmente, el necesario período/gobierno de transición no podía ser el de Jeanine Áñez, pues asume con el golpe de Estado. De ahí que es difícil identificar qué escenarios fueron configurando la distancia entre compañeros y compañeras que hasta el 8 de enero de 2020 se mostraron como un solo cuerpo, enfrentando las tareas de una necesaria transición”.
Con la mirada puesta en identificar el origen del aprieto actual, la reconocida exsenadora señala que “la primera fisura pública en la conducción política se mostró en el discurso de toma de mando del presidente Arce. Escuchamos con atención el relato histórico de las luchas sociales del pueblo boliviano que nutren su templanza y heroísmo, se reivindicó la recuperación de la democracia, la resistencia del pueblo, pero extrañamente no existió una sola mención al Presidente que vivió la interrupción constitucional, que además es Presidente del MAS-IPSP y jefe de campaña: Evo Morales. Más allá de la formalidad, muchos nos preguntamos ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo se traduce esa omisión voluntaria en nuestra nueva gestión pública?”.
“El presidente Luis Arce lo que está haciendo es profundizar el Proceso de Cambio con la industrialización de nuestro país y la redistribución del excedente” – Eduardo Del Castillo
En el esfuerzo por clarificar la evolución del conflicto, la joven figura del MAS en Santa Cruz continúa: “rápidamente se buscó un marco de ideas o una retórica que justifique la distancia: la renovación. En la boca de algunos se intentó explicar cómo dentro del mismo proyecto se construían nuevos liderazgos; y en la boca de otros se convirtió en advertir que nadie próximo a Evo Morales sería siquiera portero en el Estado. Con más o menos elegancia o desgarbo, el trasfondo era el mismo: desplazamiento político”.
Se explaya Salvatierra: “al principio las organizaciones matrices solicitaron ajustar el gabinete, desde el Trópico de Cochabamba también se realizaron reflexiones sobre observaciones a la gestión. Asimismo, en nombre del MAS-IPSP, el compañero Morales planteó temas que fueron abordados en escenarios internos de debate. Luego de agotarse esta vía, y sin respuestas oportunas, dichas observaciones fueron trasladadas al escenario público. Se propuso revisar las formas de articulación política, la orientación de las políticas públicas y, por supuesto, se identificaron con nombre y apellido a servidores públicos cuya acción era contradictoria con los principios del Proceso de Cambio y la unidad”.
Finalmente, para la exautoridad, la persistente negativa del Ejecutivo y el entorno del presidente Arce de prestar oídos a los pedidos de Morales agudizaron las desavenencias: “la respuesta fue una apelación a la necesidad de la autocrítica sobre los motivos del golpe de Estado y el vicio más antiguo, es decir, invalidar el planteamiento por su emisor y no por sus argumentos, y así eludir la responsabilidad sobre lo que hoy determina las condiciones materiales de vida de las personas y guarda relación con lo que el Estado y el Gobierno hace. Anulados los espacios de debate interno, progresivamente se alimentaron los escenarios públicos, el uso de la fuerza y los recursos del Estado para dirimir la discusión interna”.
La espiral de acusaciones cruzadas en cuestión de meses, que parecen haber llegado a su clímax este 2023, para el titular de Gobierno han conducido a que “la disputa se ha tornado cada vez más complicada”. Esto porque, aparentemente, estaríamos lejos de asistir a un conflicto ideológico entre fracciones y, por el contrario, sería un individuo, el expresidente Morales, quien se obstinaría por deteriorar el clima político al interior de la tolda azul: “una persona, al no poder convencer a los sectores sociales de sus propuestas o del horizonte que propone para el Instrumento Político, ha recurrido a la politiquería, atacando de maneras grotescas y con muchas falacias al Gobierno, incluso de manera jocosa sobre supuestos acuerdos o derechizaciones, entre otras cosas”.
Y es que para Del Castillo, acusado públicamente y sostenidamente en el tiempo por el propio Morales y algunos legisladores del ala “radical” de numerosos delitos, somos testigos de un falso discurso acerca de una presumida “traición” del Gobierno al proyecto masista ya que “el presidente Luis Arce lo que está haciendo es profundizar el Proceso de Cambio con la industrialización de nuestro país y la redistribución del excedente. Estas acusaciones no tienen un propósito enriquecedor o de fortalecimiento del debate, al contrario, buscan la desestabilización de la gestión y son emitidas con mentiras y calumnias”.
A contramano de esas conclusiones, Adriana Salvatierra fija las responsabilidades del crecimiento de la contienda en el Ejecutivo y lejos de Morales, siendo rebasados los límites de lo partidario y provocando un quiebre aún mayor con la irrupción, aún no del todo clarificada, de la Policía en un cónclave campesino: “la fisura se convirtió en grieta y el debate interno se trasladó al escenario público. Las diferencias ya no guardan relación con la forma más o menos eficiente de encarar la gestión, con la omisión voluntaria o involuntaria, un malentendido o exceso. La grieta tiene una connotación ideológica cuando la Policía se hace presente en el Congreso de Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y con su poder coercitivo es utilizada para dirimir la tensión interna, todo esto para que la conducción del ejecutivo reconocido por el presidente Arce pertenezca a otro partido y no al MAS-IPSP”.
“Es necesario reconducir el rumbo de una gestión pública que presenta deficiencias y observaciones, que fue cuestionada por las organizaciones matrices que demandaron ajustes en el Cabildo del 17 de octubre” – Adriana Salvatierra
Sigue la exsenadora, ahora acusando directamente a la gestión de Del Castillo y a otras carteras: “desde el Ministerio de Gobierno se impulsaron posicionamientos públicos que contribuyen a los ataques estigmatizadores de los campesinos productores de hoja de coca del Trópico de Cochabamba. El Ministro de Justicia anunció procesar penalmente a nuestro Presidente del MAS-IPSP y en múltiples entrevistas presiona a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) para emitir una sentencia que inhabilite una eventual nueva postulación de Evo Morales a la Presidencia, valiéndose de la Opinión Consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tuvo como iniciativa Luis Fernando Camacho y fue solicitada por el expresidente colombiano Iván Duque”.
En plena concordancia con lo referido, Salvatierra se detiene en un asunto clave para la ciudadanía: el funcionamiento poco eficaz del Legislativo. Para la joven política “la Asamblea Legislativa fue inviabilizada al punto que hoy (pese a que el MAS-IPSP cuenta formalmente con la mayoría del Parlamento) está fraccionada y sin capacidad de acompañar la gestión del Ejecutivo y disputar la opinión pública”. Paso seguido, se salta a otro gran pendiente: “las elecciones judiciales fueron sistemáticamente interrumpidas por un Órgano Judicial que en tres ocasiones impidió llevar adelante el proceso de preselección de las máximas autoridades y, además, dispuso la prohibición del ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras de los asambleístas (interpelaciones) para ocho ministros del Órgano Ejecutivo”.
Las conclusiones, a partir de las prácticas del Ejecutivo en lo que comenzó como una cuestión puramente de diferencias con Morales y sus allegados, para Salvatierra no dan espacio a dudas: “no se puede hablar de equidistancia cuando se observa el uso desproporcionado del poder del Estado no solo contra Evo Morales, sino también contra el bloque popular. Lo sucedido en el Congreso de Csutcb, la estigmatización de campesinos del Trópico de Cochabamba, la utilización del Órgano Judicial para impedir la elección popular y el intento de inhabilitar al líder del Proceso de Cambio y Presidente del Instrumento con una interpretación vergonzosa de la Constitución, se convierten en diferencias ideológicas que no pueden ser obviadas y requieren una acción responsable del presidente Arce”.
Pero, después de tal panorama, ¿acaso será posible la unidad al interior del MAS? ¿Qué se necesitaría para el entendimiento entre las dos “alas”? ¿Cómo se avecina el futuro inmediato del Instrumento Político?
Las interrogantes planteadas el titular de Gobierno las salda con un enfático llamado a la capacidad consultiva y decisiva del propio campo popular: “primero aclarar que no existe una ruptura, lo que hay es un grupo electoralista que, dejando de lado los intereses del pueblo y de nuestras propias organizaciones sociales, busca sus propios intereses. Debemos dejar que las organizaciones decidan el futuro y el rumbo del MAS-IPSP”.
Mientras tanto, Adriana Salvatierra enumera las condiciones imprescindibles que deben anteceder a cualquier ejercicio de unidad, para rematar en las expectativas que las bases del Proceso de Cambio tendrían en un anhelado retorno de Evo Morales al poder: “es posible en la medida en que cese la voluntad de anular los escenarios de crítica interna y la intervención sobre las organizaciones sociales. La unidad requiere el mutuo reconocimiento del liderazgo, legitimidad, experiencia y capacidades. Requiere un diálogo honesto y sobre todo poner en primer orden de prioridades la patria y el Proceso de Cambio. Luego, es necesario reconducir el rumbo de una gestión pública que presenta deficiencias y observaciones, que fue cuestionada por las organizaciones matrices que demandaron ajustes en el Cabildo del 17 de octubre de 2023. Finalmente, la gente votó por un proyecto que durante 14 años de gobierno con Evo Morales demostró que podía cambiarle la vida, brindarle oportunidades de salir adelante y garantizarle su futuro con vivienda, educación, salud y una situación económica estable. Esa fue la memoria que movilizó el voto en 2020, fue el monopolio de las expectativas colectivas y el horizonte de vida”.
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Correo del Alba
