Autoridades y representantes de las Cámaras de Industrias de Bolivia, Perú y Chile plantearon encarar una lucha conjunta, desde diferentes ámbitos, contra el contrabando que afecta a las tres naciones. El flagelo sumó tres mil 331 millones de dólares en 2022.
“El contrabando, en 2022, representó el 7,96 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), esto significa que se lleva un mes de la producción total de Bolivia”, señaló el asesor de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Hugo Siles, durante su ponencia en el Seminario Internacional “Del comercio al crimen organizado: Los desafíos de la región frente al contrabando”.
El evento congregó a autoridades de los tres países, quienes compartieron datos y criterios sobre la problemática, y admitieron que se trata de una actividad creciente que requiere de alianzas público-privadas para encarar acciones coordinadas entre los países de la región.
Siles presentó un estudio detallado que refleja que el contrabando se convirtió en el principal problema para la industria nacional y que, considerando las cifras oficiales de la Aduana boliviana, el comiso de mercadería internada ilegalmente equivale al 3,2% del total del contrabando.
Asimismo, se expuso que la evasión tributaria en 2022, solamente tomando dos tributos —el gravamen arancelario (GA) y el impuesto al valor agregado (IVA)—, llegó a $us 930 millones.
Otra de las cifras que muestran el impacto del contrabando es el ritmo de crecimiento de esta actividad ilegal respecto a la evolución de la economía nacional.
“La economía creció en torno al cuatro por ciento, el contrabando lo hace al ocho por ciento y su nivel de aceleración es cada vez más profundo, su velocidad ha comenzado a aumentar”, sostuvo Siles.
Además de considerarse el caso del punto Desaguadero, frontera entre Perú y Bolivia, donde existen comerciantes que viven de esta actividad como intercambio comercial, se destacó que el contrabando está bajo el control de redes delincuenciales con poder económico.
“Convirtiéndose en un ilícito coludido con el narcotráfico, el robo de vehículos, la trata de personas y otros crímenes transfronterizos perpetrados por redes mafiosas”, coincidieron.
El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Pedro Vargas, señaló que la salida ilegal de los productos nacionales, muchos de ellos subvencionados, a naciones vecinas, agrava la crisis y afecta a los consumidores nacionales.
Piden reactivación del Consejo contra Contrabando
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, señaló que es necesaria la reactivación del Consejo Nacional de Lucha contra el Contrabando que apunta a una participación integral del Estado y privados.
“Se necesita la intervención más decidida de entidades como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en nuestras fronteras, o la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), porque el contrabando llega en buses a las ciudades para su comercialización, incluso a través de las redes sociales”, indicó.
Además, planteó otras tres acciones para encarar la lucha anticontrabando: modificar el Código Tributario para disminuir de 200 mil a 50 mil UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda) el valor del monto para que sea considerado como delito.
Modificar los numerales 30 y 31 del artículo 26 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales 482 para municipalizar la lucha anticontrabando.
Fortalecer las acciones de interdicción del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando en las fronteras.
Y la participación de las entidades públicas como el SIN, la Aduana, la autoridad del Sistema Financiero (ASFI), la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), entre otras.
Bolivia y Perú ya coordinan acciones
Perú y Bolivia ya coordinan acciones para luchar contra el contrabando hormiga en las fronteras de ambos países, informó ayer el viceministro de Lucha contra el Contrabando, Pedro Vargas.
“El contrabando hormiga que ingresa por diferentes plataformas ilegales lo hemos denominado la carroñera, que ya está en proceso de destrucción, ya que se han cavado diferentes zanjas para impedir la salida, al igual que el ingreso”, explicó la autoridad.
Sostuvo que su despacho se reunió con el Intendente de Puno y otras instancias peruanas para realizar acciones conjuntas de carácter binacional a fin de evitar el contrabando.
Afirmó que se tiene un convenio binacional con Perú, que se ejecutará esta gestión con dos acciones conjuntas: una en el occidente del país y otra en la Amazonia.
“Sin embargo, estamos viendo el rechazo del empleo de las fuerzas legales por parte de diferentes comerciantes, que nos dicen: ‘Por qué nos prohíben, si es intercambio del comercio fronterizo’”, relató Vargas.
No obstante, manifestó que una vez que el comercio sobrepasa los volúmenes de ingreso y salida establecidos, se constituye en un delito.
En el caso de las comunidades que apoyan el contrabando, afirmó que se desarrollan conversaciones con ellas para que denuncien los hechos y se beneficien de los incentivos existentes. (AHP)
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Correo del Alba
