Un poco más de dos años han transcurrido desde la posesión del compañero Luís Arce Catacora como presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia, luego de un proceso electoral marcado por la incertidumbre de si se iba a respetar la voluntad popular y de una campaña política más propia a una resistencia frente al embate golpista antidemocrático que caracterizó el presunto gobierno de Jeanine Áñez.
Dos años de vencer pruebas y de cumplir promesas presentadas en nuestro «Plan de Gobierno», cuyo principal objetivo es reconstruir la economía y consolidar la democracia de los pueblos, con justicia y paz social. Tarea nada fácil si tenemos que considerar el abandono, durante 11 meses, de las labores fundamentales de un gobierno que se dedicó solamente generar zozobra e inestabilidad.
La arremetida neoliberal, que desconfía de la voluntad y el gobierno del pueblo, en 11 meses de gestión funesta, dejó a más de cinco mil trabajadoras y trabajadores en las calles al cerrar las empresas públicas, al permitir que las empresas privadas despidieran de manera injustificada a mujeres y hombres que tuvieron que decidir entre morir de hambre o por el virus del Covid-19 y al encerrar en cuarentenas rígidas a personas que se mantenían con el comercio o vendiendo servicios en los mercados.
En estas condiciones recuperamos el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MEPS), y aceptamos el reto de devolverle al pueblo boliviano la “casa de los trabajadores”, garantista de sus derechos laborales. Una de nuestras primeras acciones fue la abrogación de la resolución que suspendió plazos administrativos, vigente por más de siete meses, y por la que las y los trabajadores no pudieron concluir sus demandas contra despidos injustificados, pese a tener la atribución de “proteger y garantizar el trabajo digno en todas sus formas (comunitario, estatal, privado y social cooperativo) considerando la equidad laboral, de ingresos y medioambiental, así como la igualdad de oportunidades” (DS 29894, 9 de febrero de 2009), la irresponsable gestión golpista en esta cartera ministerial dejó en total indefensión a las y los trabajadores bolivianos.
Ante mal sabor de boca que quedó en la memoria de las y los trabajadores, a través de la estrategia asumida desde nuestro primer año de gestión, como la de restablecer la relación con las organizaciones sindicales, ya sea a través de las entidades matrices como la Central Obrera Boliviana (COB), las confederaciones o federaciones nacionales, así como con las departamentales o de base, como un reconocimiento tácito de su rol fundamental como sujeto histórico de nuestro Proceso de Cambio, tuvimos que trabajar en normas que permitieran recuperar la defensa de la estabilidad laboral.
Como primer y urgente medida emitimos la Resolución Ministerial 431/21 de 30 de abril de 2021, que establece que “la fuerza mayor y/o el caso fortuito no constituyen en causales legales de retiro…”, de esta manera la reincorporación es una obligación que deben cumplir los empleadores.
Este año, 2022, hemos dado un paso importante en la protección del derecho a la estabilidad laboral, luego de que el presidente Luis Arce conformara la llamada “Comisión Corta”, a la cabeza de esta cartera de Estado, y a solicitud de la COB, trabajamos en la elaboración, tramitación y aprobación de la Ley N° 1468, Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, de 30 de septiembre de 2022. Por mandato constitucional tenemos la atribución de resolver todos los conflictos emergentes entre trabajadores y empleadores, pero nos faltaba la norma que establezca el procedimiento administrativo. Lo logramos con el impulso de las y los dirigentes nacionales comprometidos.
Esta posición asumida en nuestra gestión ha reencaminado nuestra acción en defensa de los derechos laborales, así como el derecho constitucional al trabajo digno de las y los trabajadores asalariados o por cuenta propia del campo y la ciudad, sin descuidar las obligaciones de nuestras empresas públicas con el Estado que son las de generar la sostenibilidad de las políticas sociales destinadas a la población en diferentes situaciones de vulnerabilidad.
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Verónica Navia Boliviana, ministra del Trabajo
