En una crisis política sin precedentes el 25 de julio, el presidente tunecino, Kais Saied, destituyó al primer ministro, Hichem Mechichi, y suspendió las actividades del parlamento durante 30 días, concentrando así toda la autoridad ejecutiva en su persona. La iniciativa de Saied se produjo al final de una jornada de protestas populares contra la gestión de la emergencia sanitaria por parte del gobierno y de Ennahda, el partido islamista mayoritario en el parlamento.
El lunes 26 de julio, el Jefe de Estado también relevó de sus cargos a los ministros de Defensa y Justicia; seguidamente el 28 de julio, depuso por decreto a una veintena de altos cargos del gobierno y al fiscal general militar, Taoufik Ayouni. Entre los destituidos estaban el secretario general del gobierno, Walid Dhahbi, y el presidente del Comité General de Mártires y Heridos de la Revolución y Actos Terroristas, Abderrazek Kilani. El miércoles 28 de julio, el presidente removió de su cargo al director de la televisión nacional, Mohamed al-Dahach, y nombró a un sustituto temporal, para, según su oficina, proteger la libertad de expresión.
Los principales grupos de la sociedad civil advirtieron contra cualquier prórroga “ilegítima” del receso parlamentario de 30 días y pidieron en una declaración conjunta un calendario de las próximas acciones políticas a tomar por el ejecutivo. Por su parte, el mandatario Kais Saied dijo que sus acciones estaban justificadas por la Constitución, la que permite al presidente tomar medidas excepcionales no especificadas en caso de “amenaza inminente”. Este recurso presente en el artículo 80 de la Constitución tunecina ya había sido vociferado por el jefe del Estado en las últimas semanas, y con estas acciones el presidente de Túnez se vuelve un auténtico deus ex machina de la política destituyendo y deponiendo a sus anchas. Pero para que este proceder de Saied sea Constitucional deberían tener una aprobación sancionatoria por parte de un Tribunal Constitucional, lo cual hasta ahora no ha sucedido.
Manifestaciones en pro y en contra
La decisión del presidente tunecino ha provocado acaloradas protestas en todo el país. En general, la población tunecina parece estar dividida entre los que apoyan a Saied, acogiendo con entusiasmo la caída del gobierno, y los que apoyan al partido islamista Ennahda y a su líder, Rachid Ghannouchi. Ennahda, el principal partido de la coalición de gobierno. Los islamistas moderados de Ennahda, cuyo líder, Rached Ghannouchi, es también presidente del Parlamento, denuncian que se trata de un golpe de Estado. Además, señalan que es un complot dirigido desde el extranjero, siendo los principales sospechosos los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Por ahora desde el partido Ennahda instan a la presidencia a convocar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales, advirtiendo que cualquier retraso sería visto como “un pretexto para mantener un régimen autocrático”.
Repercusiones internacionales en el eje Turquía-Qatar
Cualquier gobierno tunecino que excluya al partido islamista Ennahda o limite su influencia es una derrota para el eje Turquía-Qatar. Para Ankara, con Ennahda fuera de juego, perdería un aliado del eje islamista. Al comentar la crisis tunecina, tanto Moscú como Riad destacaron la importancia de la “seguridad y la estabilidad”. Francia y Estados Unidos no han condenado la medida del presidente Saied, parecen estar de acuerdo con el autoritarismo que tanto critican en otros continentes. El secretario de Estado norteamericano en una llamada telefónica a Saied le expresó su “apoyo a la democracia en Túnez” sin hacer ningún tipo de cuestionamiento. Por su parte, Francia se limitó a señalar que desea “el respeto del Estado de derecho y el retorno, en los plazos más breves, a un funcionamiento normal de las instituciones”. París quiere mantener su influencia en su antigua colonia y puede estar complacida del debilitamiento de las posiciones proturcas en el norte de África. Esta pérdida de fuerza es bien vista también por Washington, cuyo objetivo es mantener la competencia entre las potencias de Medio Oriente para evitar la aparición de un hegemón regional.
Crisis económica y sanitaria En los 10 años transcurridos desde que la revolución popular tunecina derrocó al presidente Zine El Abidine Ben Ali, Túnez ha tenido nueve gobiernos. Algunos han durado sólo meses, lo cual ha significado serios problemas de continuidad de las líneas políticas que lleven a aprobar las reformas necesarias para reactivar la maltrecha economía y los ineficientes servicios públicos del país nordafricano. Junto con la inestabilidad política, Túnez lleva mucho tiempo sumido en una grave crisis económica, que ha alimentado el descontento de la población. El desempleo supera el 15 %, alcanzando picos del 30 % en algunas ciudades. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, un tercio de los jóvenes tunecinos no tiene trabajo, mientras que una quinta parte de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, por supuesto esto genera una inmigración sobre todo de jóvenes. La pandemia del Coronavirus para el 30 de julio con 583 mil contagiados y 19 mil 336 decesos más la amenaza terrorista han empeorado aún más la situación económica del país. Dos fenómenos que han afectado a un sector clave para Túnez el turismo, que representa alrededor del 8% del PIB nacional y es una fuente clave de la entrada divisas.
