Si la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) se hizo efectiva el 31 de enero de 2020, los británicos tenían hasta el 31 de diciembre pasado para despedirse de manera formal de la Unión y encontrar un acuerdo para regular la futura relación entre ambas partes.
El Reino Unido, compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, se desvinculó de la UE, sus acuerdos y tratados, después de más de 48 años de integración. Si estaba a favor del proyecto económico plasmado en la Comunidad Económica Europea en 1973, que apareció en 1992 con la firma de los acuerdos de Maastricht y el plan de moneda única que dieron paso a la UE, sin embargo emergió una voluntad de desvincularse del proyecto político de esta. Desacuerdo que se hizo oficial en el referéndum de junio de 2016, con un 51.9% de votos a favor del llamado Brexit.
Después de meses de negociaciones, el primer ministro británico, Boris Johnson anunció que se había logrado alcanzar «un buen acuerdo» de libre comercio, sin aranceles ni cuotas en el comercio de bienes con la UE. «Hemos recuperado el control de nuestro dinero, nuestras fronteras, nuestras leyes, el comercio y nuestras aguas pesqueras», señaló el gobierno británico momentos después de cerrarse dicho acuerdo. Los legisladores de Reino Unido igualmente pasaron meses planeando la separación y elaborando propuestas de términos de separación; una salida sin acuerdo comercial hubiera implicado la imposición de onerosos aranceles o cuotas sobre las mercancías y complicado las exportaciones de productos británicos destinados a la venta en Europa continental.
Las negociaciones entre Londres y Bruselas fueron difíciles y se postergaron varias veces, especialmente por las diferencias existentes en cuanto a la pesca. Se trataba para el gobierno británico de reducir la pesca en sus aguas marítimas por los pescadores europeos y así poder negociar una cuota de capturas a cambio de compensaciones económicas. Las negociaciones se resolvieron por una renuncia del 25% de la cuota anual en aguas británicas por parte de la UE a cambio de un lapso de tiempo de cinco años para que los pescadores europeos flameen en las aguas marítimas británicas.
Si en teoría la salida ha sido cordial, en la práctica se ha sentido bastante abrupta para los ciudadanos europeos. Hace unos días, agentes de la aduana neerlandesa han sido grabados confiscando los bocadillos a unos transportistas procedentes del Reino Unido, debido a las nuevas normas aplicables tras el retiro de la Unión. “Bienvenido al Brexit. Lo siento, pero tenemos que confiscar toda su comida”, le dijo el agente neerlandés de aduanas a un transportista polaco. Los transportistas no llevaban los permisos correspondientes para hacer ingresar los productos que llevaban los bocadillos, como carne o pescado, al territorio europeo.
En Francia, los almacenes de la cadena británica Marks & Spencer Food aparecieron totalmente vacíos debido a la demora en la entrega de productos alimenticios después del Brexit. El Reino Unido cambió de status y pasó a ser un tercer país comercial, mientras que el control fronterizo y las nuevas formalidades burocráticas ralentizan la llegada de productos alimenticios.
También algunos problemas de interpretación de este acuerdo surgieron después de su aprobación, en tanto varias empresas británicas que exportan a la UE productos fabricados en el extranjero, se vieron afectadas por un impuesto cuando el acuerdo comercial preveía una ausencia de impuesto o arancel. En efecto, debido a la «norma de origen», un producto fabricado al menos en 50% en el extranjero que llega al suelo británico para ser reenviado a otro país miembro del mercado único se somete a un impuesto.
Así, al salir de este periodo de transición, aparecen varias preguntas y muchas dudas en cuanto al éxito del tan esperado Brexit y del acuerdo correspondiente. Algunas regiones del Reino Unido, como Escocia, sufren ya las consecuencias de esta separación, fomentando así el deseo de conseguir su independencia.
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Tanita Gutiérrez Analista internacional
