Cuando en un algún país se comete violación de los derechos humanos, especialmente en aquellos que son gobernados por la Derecha, la hegemonía mediática hace silencio. Uno de esos países es Chile. Aun cuando su presidente se autocalifica de izquierda, su gestión se ha convertido en represora del pueblo Mapuche y contra miles de movilizaciones sociales, donde la principal fuerza de ese país, los Carabineros, han sido acusados de numerosos actos de tortura, abusos y tratos inhumanos o degradantes, además, de la utilización de municiones letales contra manifestantes, donde las víctimas sufrieron pérdidas de sus ojos durante el “Estallido social” de 2019.
Para su presidente, Gabriel Boric, un accidente en la política interna de Chile, un aprovechador de oficio de esas movilizaciones, porque de allí salió su elección como presidente, es más importante la situación de Venezuela que la situación interna que vive la república de Bernardo O’Higgins. Con la pretensión de tutelar la soberanía e independencia de la República Bolivariana, este sujeto, junto con los gobiernos de España, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay pretenden dictar clases de democracia, tomando para ellos la situación electoral que conllevó a la reelección presidencial de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio.
Chile, devenido en violador de los derechos civiles, políticos y humanos de su población, donde el ejemplo más palpable es la dictadura de Augusto Pinochet, donde se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso Nacional fue disuelto. Mientras que el gobierno de Sebastián Piñera, fue responsable del uso excesivo de la fuerza, violación a los derechos a la verdad, justicia y reparación., derechos de los pueblos indígenas, derechos de las personas refugiadas y migrantes, entre otros. Cuál es el ejemplo que Chile pudiera darle a Venezuela: Ninguno.
Otro antecedente más palpable es el canciller de Chile, Alberto van Klaveren, sin tener “vela en ese entierro” opina sobre la orden de aprehensión que un tribunal de la República, a solicitud del Ministerio Público contra el excandidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia, quien ha sido calificado de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación para delinquir, previstos en el Código Penal de Venezuela, por lo que en ningún lado se observa violación de sus derechos, sino la precalificación delictual de alguien que se cree que está por encima de la Constitución y las leyes. En su condición mental, González Urrutia, quien se autodenomina “Presidente electo”, está en un callejón sin salida producto de la hipnosis colectiva de la oposición radical, liderada por María Corina Machado.
Ante el desarrollo de los acontecimientos, donde emerge la confiscación de uno de los aviones presidenciales de Venezuela, hecho ejecutado por los Estados Unidos, país donde hay un vacío de poder ante la situación mental de su presidente Joe Biden. Es necesario observar detenidamente que han surgido varios grupos para controlar las decisiones gubernamentales: Antony Blinken, Lloyd Austin, Brian Nichols, Merrick Garland, John Kirby, Janet Yellen,son algunos de ellos, quienes tienen como meta ver quién aplica más sanciones a Venezuela, ya que Kamala Harris, la vicepresidenta, está más pendiente de cómo ganarle las elecciones a Donald Trump el cinco de noviembre.
Por cierto, habrá que revisar la situación del avión presidencial y la complicidad de República Dominicana en este acto delictivo. Por ello, el gobierno nacional debe revisar el principio de reciprocidad a los Estados Unidos y a la misma República Dominicana. El principio de reciprocidad se refiere a que las garantías, beneficios y sanciones que un Estado otorga a los ciudadanos o personas jurídicas de otro Estado, deben ser retribuidos por la contraparte de la misma forma. En consecuencia, nuestro país, para resarcir los daños ocasionados por el gobierno norteamericano debería expropiar aquellos activos que tenga en territorio venezolano.
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William Gómez García Venezolano, periodista
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