La anunciada decisión del presidente Nicolás Maduro Moros, de reiniciar las conversaciones con el gobierno de Joseph Biden, de Estados Unidos, es una decisión políticamente correcta y oportuna por el impacto positivo que puede tener en el cercano 28 de julio, fecha de las elecciones presidenciales venezolanas.
Tales conversaciones, por la importancia del interlocutor y su agenda, no pueden sino considerarse como un asunto de Estado. Significa que siendo dirigida por el poder ejecutivo nacional, como preceptúa el artículo 236 numeral cuatro de la constitución vigente, no puede dejar de expresar la visión que pudieran tener los titulares de los otros poderes públicos (Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Electoral y Poder Ciudadano) y las instituciones del tejido social de la nación por cuánto, la facultad presidencial de dirigir las relaciones exteriores de la República no constituye un monopolio jurídico ni político en su favor, sino un atributo otorgado para servir de vocero de la nación y el Estado venezolano en tan delicados asuntos, para lo cual se deberían activar y fortalecer los mecanismos de consulta, con la finalidad de recoger opiniones y propuestas del país a nivel que permita diseñar una estrategia y un conjunto propositivo, que exprese a los poderes públicos autónomos y a la ciudadanía en general, la cual podrá promover y sostener una posición única del Estado sobre asuntos del mayor interés, sin necesidad de apelar al referendo consultivo previsto en el artículo 71 del texto constitucional.
Esta visión se expresa, también, en la vocería del Presidente de la república en tales conversaciones, las cuales deberían ser encomendadas – sin menoscabar la amplia y discrecional facultad presidencial en materia de designación de altos funcionarios del gobierno – a los organismos que, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública, tienen la atribución, competencia y función de atender los asuntos de la política exterior de la República, bajo la dirección del Presidente de la república como la Asamblea Nacional, en materia de pactos y tratados internacionales, el Tribunal Supremo de Justicia en la calificación de la constitucionalidad del instrumento internacional, el Consejo de Estado como órgano asesor del Jefe de Estado y, de manera muy especial, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (Mppre), en cuyo viceministerio para América del Norte, seguramente hay equipos profesionales de diversas disciplinas con conocimientos y dedicación permanente al estudio y seguimiento de los delicados asuntos de la agenda venezolana-estadounidense, en circunstancia en que ambos gobiernos, formalmente, no mantienen relaciones diplomáticas ni consulares desde varios años, pero que vienen sosteniendo esporádicas conversaciones, negociaciones y acuerdos políticos, económicos, financieros y humanitarios con el auxilio de terceros países amigos.
Está consideración también se relaciona con el anuncio del Presidente de la República de que los negociadores designados por Venezuela serían el diputado J. Rodríguez Gómez, actual presidente de la Asamblea Nacional y, el Gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, (excluyéndose a altos funcionarios de la Cancillería venezolana), quienes estuvieron en las negociaciones realizadas por ambas Partes en el Emirato de Qatar y en su continuidad – con la representación del sector opositor radical avalado por el gobierno de Estados Unidos-, realizadas en la insular república de Barbados, con el cual se sellaron los así llamados «Acuerdos de Barbados» que sirvieron de base a los requisitos democráticos para la convocatoria de las elecciones presidenciales del próximo 28 de Julio y su calendario, firmados por el arco político venezolano ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, pero sobre el cual se mantienen importantes divergencias entre el Estado venezolano y los Estados Unidos y sus aliados subalternos del sector radical opositor y explica la nueva ronda de negociaciones.
Por otra parte, merece especial valoración positiva el anuncio del presidente Nicolás Maduro Moros, de que las conversaciones con la representación del gobierno de Estados Unidos “no serán secretas», por cuánto significa un cambio en la posición anterior de mantener como confidencial la agenda y el contenido de esas conversaciones; lo cual impedía a los otros poderes públicos y al país nacional opinar y debatir sobre las mismas, pero no impidió que el gobierno de Biden «filtrara» en sus medios corporativos globales de la desinformación, notas sesgadas y tergiversadas que generaron dudas y recelos sobre tales negociaciones que pudieran estar afectando la soberanía del Estado Venezolano.
En conclusión, el presidente Maduro – quien fue durante seis años canciller en el gobierno del presidente, Hugo Chávez – tiene ante sí la difícil tarea de armonizar las diferencias propositivas y de implementación de acuerdos con sus enemigos del gobierno de Estados Unidos, junto con construir acuerdos que expresen el interés general de la ciudadanía. Más aun, en el momento dialéctico de unas elecciones muy polarizadas en donde se pone en juego su compromiso con la solución pacífica, constitucional y electoral del conflicto político abierto hace 25 años con el iniciación de la revolución bolivariana, sin conceder un ápice de la soberanía política del estado venezolano, pero viabilizando la superación del conflicto de intereses con Estados Unidos con vista a la derogación de las más de mil medidas coercitivas ilegales (mal llamadas «sanciones») aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos contra los titulares de los poderes públicos y empresas estatales y normalizar las relaciones diplomáticas, políticas y económicas con este imperio decadente y agresivo.
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Yoel Pérez Marcano Venezolano, exembajador en San Vicente y las Granadinas y Belice
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