El pasado 26 de junio fuerzas militares arremetieron contra la sede del poder político en Bolivia. Una caravana de tanquetas acompañadas de tropas castrenses se desplegaron por la Plaza Murillo generando temor e incertidumbre en la población. Cientos de soldados fuertemente armados intentaron tomar el viejo Palacio Quemado siguiendo órdenes superiores. El general al mando del Ejército, Juan José Zúñiga Macías, fue quien encabezó este golpe de Estado fallido contra el gobierno constitucional del presidente Luis Arce Catacora.
El sociólogo René Zavaleta Mercado sostenía que en Bolivia los golpes de Estado eran “una suerte de costumbre colectiva”, además de constituirse en “la manera que adopta el cambio político y la sucesión del poder”. Según el académico Jonathan Powell, Bolivia es el país con más intentos de golpes de Estado en el mundo, contabilizando 23, entre 11 golpes exitosos y 12 intentos fallidos desde 1950 al presente.
La turbulenta historia de Bolivia se caracterizó, desde un inicio, por motines, sublevaciones, rebeliones, conspiraciones y sobre todo por la ejecución de golpes de Estado. Sin querer hacer un repaso exhaustivo por nuestra historia (de casi dos siglos), buscamos en este artículo rememorar un período en particular, el de las dictaduras militares (1964-1982), dado que los últimos acontecimientos nos obligan a retrotraer la mirada hacia el pasado.
Las generaciones actuales no conciben a cabalidad lo que implica un gobierno de corte militar, es por eso que tienden a minimizar lo ocurrido con el intento de golpe al gobierno de Arce Catacora. Ignoran que si el golpe de Estado se hubiera concretado el país hubiera sucumbido en una crisis institucional y, lo más grave, se hubiera instalado el terrorismo de Estado, suprimiendo todas las libertades individuales y los Derechos Humanos de la población.
Durante los 18 años de dictadura militar en Bolivia se ejecutaron torturas, tratos crueles o degradantes, se apresó arbitrariamente a miles de personas, se secuestró y persiguió a líderes políticos, se impulsó el exilio y confinamiento de opositores, se asesinó a los enemigos del régimen mediante ejecuciones sumarias o masacres, se promocionó la desaparición forzasa, entre muchos otros vejámenes considerados como delitos de lesa humanidad.
Con la imposición del toque de queda y los estados de excepción (estado de sitio) se limitó la libre circulación de las personas en el territorio nacional. Los derechos de libertad de expresión y pensamiento fueron coartados, obligando a los medios de comunicación a someterse a rigurosos mecanismos de censura y autocensura. La libertad de reunión y asociación también fueron suprimidas, impidiendo así cualquier actividad política o sindical. Se cerraron universidades, unidades educativas, bibliotecas, teatros, centros culturales, etcétera.
El fallido golpe de Estado protagonizado por el general Zúñiga permitió salvaguardar la democracia que tanto le costó recuperar al pueblo boliviano el año 1982. Somos inconscientes de las terribles consecuencias que acompañan a un gobierno militar, por tanto no podemos permitir que las atrocidades del pasado se cometan nuevamente. El poder atrabiliario de las armas no debe atentar nunca más contra un gobierno legítimamente constituido y avalado por la mayoría de los bolivianos y las bolivianas.
La democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo.
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Gary Pol García Agreda Boliviano, comunicador
