El primer ministro británico, Boris Johnson, este 14 de abril anunció la firma de una nueva política migratoria, la cual ha sido duramente criticada por el carácter discriminatorio que promueve. La misma consiste en enviar directamente a Ruanda a todos los inmigrantes ilegales que intenten cruzar el Canal de la Mancha. Es de notar que ni siquiera el expresidente estadounidense Donald Trump, con sus aberrantes políticas migratorias, había llegado tan lejos al promulgar una decisión de este calibre.
No se trata de reubicar a los inmigrantes a través de la aplicación de un filtro administrativo de los solicitantes de asilo, como hacen otros países; aunque el mismo sea también injusto y a veces hasta aleatorio. Por el contrario, el plan de Londres es enviar a Ruanda a estas personas que huyen de la guerra o la miseria, un país donde deberán rehacer su vida, pero que no ofrece las mejores condiciones.
Es bien conocido que la Ruanda de Paul Kagame, quien lleva más de 20 años como presidente, no es precisamente la tierra donde se cumplen a cabalidad los Derechos Humanos. El propio jefe de Downing Street es consciente de que la forma ruandesa de gestionar la inmigración podría ser sometida a juicios internacionales, porque incumple con la Convención de la ONU sobre los Derechos de los Refugiados.
Hasta ahora este acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda había permanecido en secreto, solo se sabe que el país africano recibirá inicialmente unos 120 millones de liras esterlinas. El acuerdo con Ruanda incluye la militarización de los controles en el Canal de la Mancha, con soldados de la Royal Navy que sustituirán a los agentes de la policía de fronteras, y con esta militarización además se endurecerán las penas para los traficantes de personas, que podrán enfrentar penas que incluyen la cadena perpetua.
Las Naciones Unidas expresaron inmediatamente su oposición a esta nueva política migratoria inglesa, mientras que la Comisaria de Asuntos del Interior de la Unión Europea (UE), Ylva Johansson la calificó de “inhumana”. Las reacciones en el Reino Unido son de asombro, sobre todo para las organizaciones que trabajan para ayudar a los refugiados. Representantes de estas asociaciones hablan de “fracaso moral” y “barbarie”, mientras que la oposición al gobierno de Johnson ha criticado el proyecto.
En este sentido, el anuncio debe ser visto como una decisión política con la que el Primer Ministro está desempolvando la siempre victoriosa narrativa populista centrada en la inmigración, casi la misma línea en la cual enmarcó el Brexit, y que le funciona para remontar la pendiente de la caída libre de popularidad tras del escándalo del “partygate”. No olvidemos que la fiesta ilegal que llevó a cabo Johnson, cuando millones de ciudadanos ingleses se encontraban en lockdown por la creciente pandemia del Covid-19, lo ha llevado a los números más bajos de aceptación de su gobierno.
La idea de «reubicar» a los inmigrantes ilegales en un territorio fuera del Reino Unido estaba en el aire desde hace tiempo. Se habló de la isla de Alderney en el Canal de la Mancha, de las bases británicas en Chipre y de la isla de Ascensión en el Atlántico Sur.
El año pasado, cerca de 28 mil 526 personas cruzaron el Canal de la Mancha en embarcaciones improvisadas, según las cifras oficiales, pero el número podría ser mucho mayor. Decenas de personas han perdido la vida tratando de llegar a las costas británicas, un mar que en lugar de esperanza se ha convertido en muerte y ahora aún más injusticia.
