Los 16 países de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (CDAA) están estudiando la posibilidad de ampliar el despliegue de tropas en Mozambique para contrarrestar la insurgencia yihadista del grupo local Al Shabaab, vinculado al ISIS, en la provincia norteña de Cabo Delgado. Los ministros de los Estados miembros se reunieron en la capital administrativa de Sudáfrica, Pretoria, para discutir la misión del bloque en Mozambique, la cual expira el 14 de abril. Los jefes de Estado debían decidir el lunes 4 de abril si la prorrogan, pero sus conversaciones se aplazaron y aún no se han reprogramado. La portavoz de la CDAA, Barbara Lopi, no quiso hacer comentarios sobre las recomendaciones de los ministros hasta que los jefes de Estado las hayan estudiado.
El presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, pidió ayuda militar a la CDAA y a Ruanda después que un asalto en marzo de 2021 en Palma, la ciudad más cercana a las instalaciones de “Total Energies”, dejara decenas de muertos. El ataque hizo que la empresa evacuara a su personal y declarara el retiro y suspensión de actividades del ambicioso proyecto gasífero por causa de “fuerza mayor”, en la que es una de las mayores inversiones privadas de África y tiene el potencial de transformar la economía de Mozambique, una de las naciones más pobre del mundo. Los trabajos solo se reanudarán cuando “haya una paz duradera, los trabajadores puedan realizar sus labores en seguridad y tranquilidad”, dijo en febrero el director general del proyecto, Patrick Pouyanne.
Los retrasos en el proyecto podrían amenazar su finalización tras lo cual pudiera ser poco probable que Mozambique pueda cubrir el vacío de gas en Europa, que ha insistido en la necesidad del suministro debido a la operación militar rusa en Ucrania y a su actual dependencia del gas de Moscú.
De acuerdo a expertos, la planta de 13.1 millones de toneladas al año de “Total Energies” no empezará a producir gas hasta 2026, incluso si las obras se reanudaran este año. No obstante, algunas exportaciones de gas de Mozambique pudieran comenzar a fluir desde el buque flotante de GNL de 3.4 millones de toneladas al año de la empresa Eni, pero en la segunda mitad de 2022. Por el momento, la violencia no ha tenido ninguna repercusión en el proyecto en alta mar, ya que los ataques no afectaron al tramo costero afectado por el proyecto de Eni, que está salvaguardado por las tropas ruandesas.
Al menos tres mil 874 personas han muerto desde que comenzó la insurgencia hace más de cuatro años. Desde finales de noviembre de 2021, los terroristas han desplazado sus ataques hacia el oeste, en Niassa, mientras que desde julio de 2021 más de tres mil soldados se han posicionado en las zonas afectadas. Inicialmente arribaron mil militares provenientes de Ruanda, y del resto de las naciones pertenecientes a la CDAA, para ayudar al asediado Ejército de Mozambique a detener a los terroristas.
Los yihadistas lanzaron su primera incursión en el distrito de Mecula, en la provincia de Niassa, a finales de noviembre del 2022. Los soldados de Mozambique hicieron algunos progresos en la contención de los ataques, pero aún no pueden detener el avance de los terroristas.
De acuerdo a un informe publicado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, titulado “Insurgencia, Mercados Ilícitos y Corrupción. El conflicto de Cabo Delgado y sus implicaciones regionales”, las operaciones yihadistas se están expandiendo dentro y fuera de Mozambique, con consecuencias a largo plazo no solo para Maputo, sino también para otros países de la región del sur de África. El grupo Al-Shabaab tiene vínculos con las fuerzas aliadas del ISIS en la República Democrática del Congo, y también han reclutado combatientes de las vecinas Tanzania y Sudáfrica. Además los avances de Al Shabaab en Cabo Delgado han estimulado el crecimiento del tráfico ilícito a través del norte de Mozambique. El 4 de abril Japón firmó un acuerdo para donar a Mozambique equipos de control y vigilancia de fronteras por un valor de unos 4.6 millones de dólares, que se utilizarán principalmente para mejorar la seguridad en las provincias de Cabo Delgado y Niassa.
Un presente de desigualdad
No es un secreto el gran potencial de desestabilización de los grupos yihadistas en la zona de Cabo Delgado, una provincia de Mozambique con poco más de dos millones de habitantes. Este territorio ha entrado en la mira yihadista por los grandes intereses mineros (nacionales e internacionales) que han surgido tras el descubrimiento de enormes depósitos de gas natural, cuya explotación convertiría a Mozambique en el tercer productor del continente y en uno de los mayores del mundo.
Las raíces de la movilización yihadista se remontan al año 2017, momento en el cual las condiciones de marginalidad socioeconómica de Cabo Delgado habían iniciado a generar protestas sociales contra las autoridades políticas nacionales y locales, a las que se acusaba de corrupción y mal gobierno. Esta sigue siendo la realidad actual de Cabo Delgado, una región periférica caracterizada por la ausencia estructural de inversión pública en el sector social y educativo, perspectivas de empleo muy limitadas, la multiplicación continua de comerciantes informales, pescadores, traficantes de personas transfronterizos y la exclusión sistemática de las comunidades locales de las perspectivas de desarrollo.
El descubrimiento de los yacimientos de gas, junto con la presencia de importantes reservas de rubí, ha alimentado aún más las frustraciones de las poblaciones de esta provincia de Mozambique, que por una parte se perciben a sí mismos como excluidos de los potenciales dividendos de desarrollo económico y, por otro lado, sufren profundas repercusiones sociales en términos de expropiaciones o el impacto de las operaciones mineras en sus actividades de subsistencia (pesca, agricultura). Este es el caldo cultivo en el cual se han desarrollado las células yihadistas, además de otras realidades paramilitares, y religiosas que pululan en esta región del África.
