Después de más de cuatro meses de un nuevo gobierno democrático y de más de medio año, la demanda de una valiente luchadora y exdiputada, Lidia Paty, logra por fin una tímida reacción de la Fiscalía para enjuiciar a los culpables del martirologio que sufrió el pueblo boliviano durante casi un año.
Miente el Fiscal General al aseverar que es sometido a intensas presiones para dar las órdenes de aprehensión, es la presión del pueblo y sobre todo de los deudos de los caídos por la metralla asesina, que no cesará hasta ver entre rejas y con la máxima sanción a quienes segaron la vida de sus familiares. El pueblo en su conjunto no solo respalda esta acción, es parte de ella. Las organizaciones matrices de los trabajadores, campesinos y naciones originarias deben acompañar este proceso y ser parte querellante del mismo.
La reacción de los golpistas no se ha dejado esperar, al unísono reclaman el debido proceso y califican como persecución política, un tema eminentemente penal, pues no solo se ha violado de forma flagrante la Constitución Política del Estado (CPE), sino que se ha cometido delitos de lesa humanidad, que no prescriben en ninguna parte del mundo.
Hay un cernícalo envenenado cuyo nombre es Erwin Bazán –que fuera de sí, como un orate en pleno acceso de rabia– amenaza con la efusión de sangre si no se dan las garantías a los inculpados y no se procede con el debido proceso. Esta declaración sería suficiente para detener a semejante incitación a la violencia, que es repetitiva y pública. Como él, otros tantos han proferido este tipo de amenazas que no pueden continuar en la impunidad, a riesgo de provocar nuevos enfrentamientos y la prosecución del reinado del terror fascista en pleno gobierno democrático, al que pretenden una vez más interrumpir.
Estas manifestaciones demuestran que quienes protagonizaron el golpe de Estado y las violaciones más extremas de los Derechos Humanos, están convencidos de que lo hicieron bien, así lo manifestaron tanto Jeanine Añez, al dejar el gobierno, y el ministro criminal Arturo Murillo. Aunque parezca increíble, incluso periodistas y analistas se atreven a señalar que el golpe no fue tal y que, por el contrario, se trató de un movimiento ciudadano que restituyó la democracia. Para ellos, no hubo masacre alguna, “se mataron entre ellos”, no hubo persecución ni la detención de más de mil 500 personas, no se produjo el cierre de ningún medio de comunicación, no se torturaron y golpearon en público a dirigentes y autoridades, no se incendiaron domicilios y sedes sindicales en Potosí, Oruro y La Paz.
Carlos Mesa no sabe, o pretende hacerse al desentendido, que es tan culpable de estos luctuosos acontecimientos, como el que más, como el autor intelectual de los mismos, por lo que debe recibir el mismo trato, vale decir, la aprehensión por el delito de subversión y terrorismo. Cree que, por su pose doctoral, aunque no es doctor en nada, queda eximido de sus delitos. No señor, la presión seguirá hasta lograrlo, más temprano que tarde.
Lo mismo y en el mismo sentido, Luis Fernando Camacho, como el operador principal del golpe, junto a su padre, por el delito de financiamiento del alzamiento armado; tampoco deben escapar a la justicia Waldo Albarracín, por alojar en los recintos universitarios nada menos que a los grupos paramilitares y mercenarios, cometiendo el delito de complicidad culposa en el golpe de Estado y, algo más, el de haber violado la autonomía universitaria. La comunidad universitaria de San Andrés tiene la obligación de hacerlo.
Los jefes militares y policiales y los grupos de paramilitares y mercenarios deben ser sometidos a procesos penales, por sedición, terrorismo, tortura y asesinato.
Pero nuestro entusiasmo no debe perder de vista que la reacción y el fascismo no se derrotan con tímidas acciones legales, pueden revertirse por la presión y la violencia reaccionarias, por ello es indispensable, urgente e inmediata la movilización popular para mostrar a todo el país y el mundo que no se permitirá que reine la impunidad y mucho menos la reedición de un golpe de Estado fascista.
La pasividad y el conformismo con estas iniciales acciones no garantizan nada, solo la movilización masiva del pueblo y sus organizaciones puede y debe lograr el enjuiciamiento y las sentencias condenatorias máximas a los verdugos del pueblo.
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Luis Alberto Echazú exministro de Minería y Metalurgia
