Por Denis Racicot
De lo primero que se debe dudar al ver las declaraciones que alientan el caos y la desestabilización del país por parte del Obispo Ricardo Centellas es quizás la credibilidad del medio de comunicación que lo reporta, EJU. Se debe considerar que es el medio de una persona de notable trayectoria de extreme derecha cruceñista, partícipe de una logia en Santa Cruz y que, en el contexto actual, manipula como el Sr. Garafulic y Página Siete, la opinión pública de su parroquia, Santa Cruz.
Confirmadas la posición de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), y las declaraciones de Monseñor Centellas, de respaldar la idea que se haga una «auditoria externa de las elecciones generales», estas dos instancias se ubican lamentablemente en la posición y en el rol preciso de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Luis Almagro en las elecciones celebradas en el 2019 en Bolivia y el golpe de Estado que se consumó entonces. Esta vez, la CEB apoya la propuesta del gobierno autoproclamado de los golpistas.
En este cabal momento del país, la CEB decide intervenir como la OEA lo hizo el 10 de noviembre 2019 con un informe preliminar, absurdo, sin pruebas, con un trabajo profesional sumamente mediocre, patético, en realidad fruto de esfuerzos de trabajo incipiente, descuidado y de poca calidad.
La CEB desprecia el proceso democrático llevado a cabo con un comentario superficial que denota una falta total y absoluta de los imperativos electorales. Mientras que la OEA, como lo hizo en los 10 últimos años, y de nuevo en 2020, cumplió el papel de asistencia técnica sostenida durante meses al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y de auditoría interna. La Unión Europea (UE) participó también, con una misión técnica de alto nivel, en la observancia y supervisión de los procedimientos aplicados en estas elecciones. Además la misma UE financió una vasta operación de vigilancia electoral con la participación de más de dos mil 500 observadores nacionales, miembros de organizaciones de la sociedad civil boliviana, en todo el país. Incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) participó esta vez con una asesoría técnica y la observación de la contienda general con una pequeña misión electoral.
Y cómo silenciar el hecho que la poderosa Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) estuvo regresando en el país, y desde enero 2020 implicada desde adentro del OEP en la revisión interna de toda la estructura del órgano electoral y de todos sus procedimientos, incluyendo la revisión del padrón electoral.
El gobierno de facto y la OEA nombraron para la presidencia del OEP y de su Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la persona considerada como el experto más competente en América Latina en el campo electoral, Salvador Romero Ballivian, un boliviano que, con el pleno conocimiento de toda la población, era un amigo personal y de larga data del candidato presidencial Carlos Mesa.
Cómo es posible a estas alturas del proceso, ya concluido con tanto éxito, expresar semejante posición por parte de la CEB y Monseñor Centellas, con una victoria tan contundente (26 puntos encima del segundo candidato), con un resultado tan incontestable, que es el producto de una operación calificada de limpia, transparente e impecable por el mismo presidente del TSE, con comentarios elogiosos, y presentado por el como una de la más participativa en América Latina y, quizás, una de las mejores elecciones de la historia de Bolivia, sino la mejor.
Con su posición, la CEB se coloca al lado del pequeño clan racista, machista, discriminador y violento de Creemos y de Luis Fernando Camacho, a quien el país le entregó menos del 15% del voto popular. Se trata, sin lugar a dudas, de una derrota absoluta y significativa, sin apelación posible. Como una decisión inapelable en el campo de la justicia. En el boxeo es un nocaut total y definitivo, no técnico, es de los que mandan al contrincante a la lona y sale del cuadrangular humillado en camilla. Nada menos.
«La CEB debe aclarar si se retira de estos acuerdos como garante. Si no lo hace y si el país se encamina a una guerra con resultados imprevisibles y catastróficos para la población, la Iglesia católica tendrá la responsabilidad histórica de haber faltado a su misión, a su palabra y a su compromiso de paz»
Es un pequeño grupo, asociado de nuevo a sectores del Comité Cívico de Santa Cruz y a su Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que, para comenzar, no tiene ninguna prueba de fraude, ni algún elemento de juicio de peso para fundamentar sus acciones violentas para imponer un nuevo golpe de Estado. Está siguiendo ahora estas acciones de violencia la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) en Cochabamba, generando racismo, discriminación y zozobra.
Reclamar un golpe de Estado como lo hacen en Cochabamba es una acción pueril de una idiotez risible, ya que se supone que los actores de semejantes actividades gozan de la razón, lo que debe distinguirlos de cualquier otro ser del reino animal. Apoyados también por una religión que se supone que siembra la moral cristiana, rechaza la mentira, la violencia gratuita y promueve el respeto de la ley.
Entonces la posición de la CEB y de Monseñor Centellas puede conducir al país a una confrontación violenta total, a «puro fuego y sangre», sin motivos, sin justificación alguna, completamente fuera de la razón. Es imperioso, por ende, que se revise esta posición urgentemente.
Ahora bien, la CEB condujo las negociaciones con el gobierno de facto, y sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del movimiento social para una salida de la crisis en el 2019 y la organización de elecciones, además con la participación de la ONU y de la UE, como garantes. No puede hoy en día entonces esta CEB pronunciarse «a solas», por cuenta propia, con una posición claramente incorrecta y moralmente inaceptable, sin obtener el aval de la ONU y la UE, porque se comprometió en este proceso con todos estos actores como garantes, incluso por escrito.
La CEB debe aclarar si se retira de estos acuerdos como garante. Si no lo hace y si el país se encamina a una guerra con resultados imprevisibles y catastróficos para la población, la Iglesia católica tendrá la responsabilidad histórica de haber faltado a su misión, a su palabra y a su compromiso de paz. Si no se retira, entonces Monseñor Ricardo Centellas debe retractarse de su posición actual y de sus palabras, nefastas y muy peligrosas.
Si la CEB se retira oficialmente como garante, ya deberemos asumir que las últimas declaraciones del Obispo no son un mero incidente de un neófito, sino la obra de una persona que actúa con una intencionalidad clara que acepta e intenta llevar al país al abismo.
Antes de llegar a un punto de tanta peligrosidad social, es necesario hacer un llamado al secretario General de la ONU, António Guterres, para que se pronuncie sobre la calidad de las elecciones realizadas y sobre los resultados, con el fin de despejar cualquier duda sobre la credibilidad y la limpieza del proceso. Está de por medio el mismo trabajo de asistencia técnica que la ONU ha realizado en apoyo a estas elecciones generales.
De la misma forma es urgente e imperioso que se pronuncie la UE, ya que su informe preliminar no dejó ninguna duda sobre la calidad intrínseca de esta contienda electoral.
Está en juego, después este posicionamiento de la CEB y del Obispo Ricardo Centellas, la credibilidad de estas tres organizaciones, la Iglesia católica de Bolivia, la ONU y la UE, en cuanto a cualquier labor de negociaciones en el futuro y/o como garantes de cualquier proceso social, político o de paz en América Latina y en el mundo.
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Denis Racicot Abogado, defensor de Derechos Humanos y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (2008-2017)
