Por Ignacio Ramírez Romero
La decisión no colegiada tomada por 69 Senadores colombianos para autorizar las Fuerzas de Asistencia (Isaf) y cooperación de los Estados Unidos a ingresar a territorio nacional carece de cualidad jurídica para producir los efectos exigidos en el numeral 4° del Artículo 173 de la Constitución colombiana.
En la noche del miércoles, la Cadena Caracol anunció que el Senado habría subsanado la falta de control parlamentario en el que habría incurrido el gobierno de Iván Duque al omitir la autorización previa que debió emitir el Senado para que ingresara a su territorio fuerzas de asistencia militar estadounidense, que en número inicial de 50 oficiales serían incorporados para el entrenamiento de fuerzas especiales dizque para enfrentar el narcotráfico en ese país; aliado o más bien súbditos y peones de las políticas de intervención extranjera norteamericanas en la Región.
Una influencia vergonzosa que comenzó con la perdida forzada del Istmo de Panamá de su propio territorio.
El caso es que aprovechando que el Senado tiene restringido sus actividades ordinarias por los efectos de la cuarentena decretada ante el desastre sanitario que causa el Covid-19, sobre todo en la población más pobre y vulnerable, un grupo unilateral de senadores en número de 69 de un universo de 108 decidieron a espaldas de las estrictas formalidades previstas en su Constitución y en el Reglamento de Debates elaborar un documento de forma virtual para intentar fallida e inconstitucionalmente darle cariz de legalidad, que no lo tiene, y emitir un acuerdo de validación para el ingreso de Fuerzas Armadas extranjeras a Colombia, acuerdo irrito y espurio que supone salvar la formalidad que no cubrió el presidente Duque, para que ingresará una brigada de asistencia de Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos (SFAB), contingente estimado en 800 marines, de los cuales ya ingresaron sin pedir permiso previo 50 oficiales de esas fuerzas. Lo relevante de ese madrugonazo parlamentario de fuerzas políticas afines a Duque y al senador detenido y subjudice de Uribe Vélez, es que el documento no fue sometido, como lo ordena la Ley, a una convocatoria previa del Senado para celebrar una sesión extraordinaria y someter al debate el tema que debió estar señalado previamente en la agenda.
No habiéndose convocado a una sesión previa ordinaria o extraordinaria del Senado, no existe en consecuencia ningún acto formal para emitir un acuerdo, resolución y mucho menos una autorización con fuerza y rango de Ley que suponga que ese cuerpo militar extranjero pueda seguir operando dentro de su territorio y mucho menos para sustituir la competencia exclusiva y excluyente de las Fuerzas Armadas Colombianas para ejercer funciones de Seguridad y Defensa de su territorio y garantizar su integridad y soberanía; competencias que no pueden ser delegadas bajo circunstancias alguna a cuerpos extranjeros.
Si no hay una autorización formal conforme lo dispone la Constitución ni el Reglamento de Debate del Congreso, porque no se convocó en agenda previa para tratar ese tema y tampoco hubo una sesión que en pleno la sometiese a consulta y su respectiva votación, entonces no existe formalmente hablando el acto que surta los efectos de Ley para que ese acuerdo cumpla los extremos exigidos por el numeral 4° del Artículo 173 de su Constitución; tal lo estableció como medida cautelar. Por lo cual, es forzoso concluir que el acto formal con poder y rango de Ley para producir los efectos deseados no fueron cubierto y aunque ese documento invocado como prueba de validación haya sido firmado por 69 Senadores carece de validez y efectos jurídicos; como fue ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en fecha reciente.
En conclusión, el documento invocado por siete fuerzas políticas aliadas del presidente Duque carece de validez y efectos jurídicos suficientes para erigirse en el acto formal de autorización del Senado al nefasto ingreso de esos militares extranjeros que exigió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En otras palabras, esos 69 senadores, encabezado por quien finge de Presidente del Senado, incurrieron en un deliberado y alevoso «fraude a la Ley y la Constitución porque se intenta exhibir como una resolución válida cuando realmente no cumple con los extremos de Ley lo que les depara responsabilidad civil, penal y administrativa por intentar darle valor legislativo un acto que no fue objeto de debate y mucho menos de votación porque tampoco hubo previa sesión convocada con las solemnidades de Ley».
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Ignacio Ramírez Romero Master en Relaciones Internacionales
