Por Ana Cristina Bracho
El estado de excepción global ocasionado por la pandemia del Covid-19 es una situación que no pasará prontamente. Desde que en marzo de 2020 fue declarada la situación más general y grave que se había presentado en materia sanitaria, en todos los países la vida se ha visto trastocada.
Según los datos que publica la Organización Mundial de la Salud (OMS), al momento en el que este artículo se escribe, hay 18.6 millones de casos confirmados y el número de muertos alcanza los 703 mil, aunque las datas de muchos países son señaladas de no ser lo suficientemente confiables. Por ello, este número ha de ser tomado simplemente como la referencia más baja de las personas afectadas.
Aunado a ello existen dos grandes peligros. El primero, es el repunte de casos que se han experimentado en los países que han iniciado procesos de desconfinamiento. El segundo, que la pandemia es un factor que ha agudizado las contradicciones entre los grandes bloques de poder, llegando a ser en sí mismo una Guerra Fría, donde se vive una carrera por la vacuna, se agudizan las tensiones entre Estados Unidos y China, pudiendo también observar actos hostiles de saboteo del abastecimiento de insumos mínimos de unos Estados sobre otros.
Así las cosas, lo único sensato es hacerse a la idea que la situación se prolongará y viviremos las consecuencias que ya son notables, como la caída del Producto Interno Bruto (PIB), las pérdidas de empleo, la reducción de la movilidad internacional y el deber de replantearnos muchas actividades, entre ellas, el trabajo y la educación.
Sin embargo, el paso del trabajo tradicional al teletrabajo no es un acto de magia. Para hacerlo se requiere de infraestructuras suficientes y no todos los trabajadores tienen el mismo acceso a ellas. Pensemos, por ejemplo, que para el teletrabajo las condiciones del medio laboral, que ha cumplir requisitos mínimos de higiene, seguridad, iluminación y ergonomía dejan de ser responsabilidad del patrono y deben ser procuradas por los trabajadores. Esto genera gastos que no estaban previstos y que impactarán la menguada capacidad financiera de la familia, al tiempo que todos los servicios serán sufragados por trabajadores y trabajadoras, generando un ahorro significativo e indebido para las patronales.
Seguidamente, el Covid-19 dispara la transformación del trabajo a lo que se especulaba le exigía la revolución de la industria 4.0, bajo la cual, el acceso al trabajo queda fuertemente restringido para los trabajadores menos calificados y para aquellos que se dedican a trabajos manuales, artesanales o de servicios personales.
Si bien todos estos temas son importantes porque afectan la cotidianidad y las finanzas de las personas y amenazan su capacidad de seguir trabajando mientras esta situación se prolongue, hay otros aspectos que no debemos olvidar. El primero es que la delimitación de la jornada, como un bloque temporal que tiene una duración máxima que no impide el descanso, el estudio, el ocio o la recreación, es un derecho humano fundamental.
Por lo que un teletrabajo compatible con estándares mínimos de derechos humanos debe tener una manera de detenerse, de no invadir otros bloques de tiempo que son de la exclusiva titularidad del trabajador y que no le son remunerados. Unos que ya se encontraban amenazado desde que se masificó el correo electrónico y en franca relatividad desde el momento en el que se popularizaron los celulares.
Esto es lo que, en algunos ordenamientos jurídicos como el francés, han denominado el derecho a la desconexión. Es decir, a no contestar ningún asunto laboral fuera de las horas en las que se trabaja. Una decisión que es difícil de cumplir cuando las relaciones se mantienen principalmente a través de mensajerías y redes sociales. En especial, a través de WhatsApp y Telegram que son unas aplicaciones muy curiosas.
Son curiosas porque son aplicaciones que no tienen la opción cerrar. Ellas se ejecutan todo el tiempo que el teléfono esté encendido. Y durante la cuarentena, cuando las personas se encuentran encerradas y aisladas, hacen un uso mayor de los teléfonos con los cuales generan relaciones adictivas, porque han sido diseñados con miles de pequeños trucos que avivan todas las funciones de nuestro cerebro que hacen que nos enganchemos, como con los dulces.
Desde la perspectiva según la cual el trabajo, en especial del funcionario público, es fundamentalmente la prestación de servicios al público, muchas veces relacionados con la garantía de los derechos de las personas, el teletrabajo no puede pensarse simplemente como una manera de hacer que las personas que están recibiendo un salario “hagan algo a cambio”.
Bajo esta perspectiva, el teletrabajo ha de ser entendido como un eslabón en un mapa más importante, el de la continuidad del servicio público, que contiene el derecho de todos y todas al acceso, a la información, a entregar solicitudes, reclamos y propuestas, pero sobre todo el derecho a recibir respuestas.
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Ana Cristina Bracho Abogada
