Andrés Asiain habla de la actualidad económica en la Argentina

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Por Nahir González

Andrés Asiain es un economista argentino, profesor de Crecimiento Económico de la Universidad de Buenos Aires. Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Investigador del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales (IDEHESI-CONICET-UBA) y del Centro Cultural de la Cooperación. Integrante de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche. Doctorando en Ciencias Sociales del CONICET. Publicó numerosos artículos académicos y de divulgación, como apunta la web de El Viejo Topo.

Colaborador frecuente en medios gráficos, radiales y televisivos, hasta él acudió Correo del Alba para abordar la coyuntura económica argentina.

El plazo del que disponía Argentina para pagar a los acreedores internacionales ha expirado. Automáticamente el Gobierno entró en un default. Pero los propios acreedores, aparentemente, no han presentado aún ningún reclamo legal en los tribunales de Nueva York y, por lo tanto, la insolvencia no puede ser declarada formalmente. En total, ¿cuál es el monto de la deuda y a quiénes se les debe?

El Estado argentino, a nivel nacional –sin incluir las deudas provinciales y de empresas–, debe unos 200 mil millones de dólares en total de la deuda pública, de los cuales cerca de 74 mil millones de dólares corresponden a organismos internacionales y el resto es deuda con sectores privados.

La deuda con el sector privado, que son unos 120 millones de dólares, casi el 80% está expresada en moneda extranjera e implica un peso grande sobre cuentas externas de la economía nacional, sobre las reservas o la cantidad de dólares, que es lo que después presiona y restringe la actividad económica y las posibilidades de desarrollo.

De esa deuda con el sector privado, prácticamente unos 64 mil 500 millones de dólares son en legislación extranjera, que son los que están siendo debatidos en términos de la reestructuración actual, que está llevando adelante el Gobierno con los acreedores privados. La parte que es legislación local puede reestructurarse simplemente por un decreto, por lo tanto, no requiere una negociación, en cambio lo que es ley extranjera sí, porque pueden ser sometidos a juicios internacionales, como fue anteriormente el caso de los fondos buitre.

¿Cuánto dinero pidió Macri al Fondo Monetario Internacional (FMI)?

Mauricio Macri pidió al FMI cerca de 55 mil millones de dólares, de los cuales se llegó a recibir 44 mil millones de dólares. El resto del crédito no fue tomado, por la decisión política de Alberto Fernández de cortar la toma de deudas al momento de asumir.

Hasta el fin del mandato de Macri, la fuga de capitales equivalía prácticamente al monto del crédito tomado por el FMI, es decir, el Fondo básicamente abasteció los dólares necesarios para sostener la fuga de capitales al final del mandato de este.

¿Qué opina acerca de que el gobierno de Fernández continúe las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda?

Mi opinión es que es correcto seguir con las negociaciones, el tema es que en caso de llegarse a un acuerdo, este no ponga en riesgo la estabilidad de la economía argentina y no sea una limitante para el desarrollo.

Hasta ahora, la oferta Argentina mantiene esas opciones, porque se proyecta en casi seis años, donde el pago de deuda es mínimo e implica una liberación, al menos en el corto y mediano plazo, de una fuerte restricción que pesaría sobre la economía. Ahora, claro, estamos en materia negociaciones y lo que hay que ver es que en este tiré y afloje el país no ceda en materia de comprometer pagos que después van a implicar para todo el pueblo y su economía una carga insostenible.

¿Cómo evalúa el que la Casa Rosada logre un acuerdo con el FMI? ¿Cómo se han manejado las negociaciones?

Así como Argentina logró el apoyo del FMI mediante una jugada política, con ciertos acuerdos, ya que estaba muy desprestigiada y se temía una embestida argentina; y así como el FMI apoyó para intentar imponer una fuerte quita de los acreedores privados; creo que una vez que se cierre la negociación con los acreedores privados, Argentina se tiene que dar vuelta y decirle al FMI «es su turno» y plantear una postergación amplia, en los tiempos de vencimiento de crédito, que me parece que es la estrategia.

Así como se les pide casi seis años a los acreedores privados, creo que se le va a decir al FMI que necesitamos que nos den un plazo similar al que estuvieron de acuerdo en poner a aquel sector. Por eso pienso que está bien la idea de ir por etapas: primero, contar con el apoyo del FMI y negociar con los privados; segundo, una vez que se logre ese acuerdo, recién mostrarle los dientes al organismo internacional.

«El Estado argentino, a nivel nacional –sin incluir las deudas provinciales y de empresas–, debe unos 200 mil millones de dólares en total de la deuda pública, de los cuales cerca de 74 mil millones de dólares corresponden a organismos internacionales y el resto es deuda con sectores privados»

Entre los negociadores más agresivos está el Grupo BlackRock, la mayor compañía de inversiones del mundo, con sede en Nueva York. Entre los abogados que defienden a los acreedores se encuentra también Dennis Hranitzky, quien en 2012 logró la incautación en un puerto de Ghana de la Fragata Libertad, el buque símbolo de la Armada argentina, después de otro fracaso más en el acuerdo sobre la deuda del país en 2001, además de estar detrás de los fondos buitre. Con estos rapaces acreedores ¿qué cree que pueda lograr la Argentina? ¿Mejorarán las condiciones o se entraría en la espiral del neoliberalismo que se pensaba haber superado?

Entiendo que la presencia de grupos de acreedores de algunos fondos internacionales agresivos, como BlackRock y el grupo Templetown, tenía directamente vinculaciones políticas con Macri, al punto de poner funcionarios de alto rango en el Banco Central. En todo caso, la presencia de actores que, uno piensa, podrían boicotear la reestructuración, puede dar lugar a que no se termine alcanzando un acuerdo amplio, con todos los acreedores. Argentina creo que va hacia una etapa de renegociación múltiple, en que llegue a cierto acuerdo, con bonos, con grupos de acreedores, mientras que otros mantienen una posición intransigente. Probablemente vaya a sufrir juicios internacionales y esto podría complicar la resolución incluso de la deuda acordada con algunos fondos por una cuestión de que, como en la época de Grecia, puedan llegar a intervenir en la cadena de pagos y boicotear el acuerdo.

Todas estas idas y vueltas con la reestructuración, para que no sean una carga sobre economía y las posibilidades de desarrollo social, tienen que implicar: que no comprometan pagos importantes de la deuda Argentina y que por lo menos en el corto, mediano y largo plazo, como dice que Keynes, vamos a estar todas y todos muertos. De esa manera, aunque no se resuelva la reestructuración, que yo lo veo como el escenario muy probable, que queden abiertos pedazos de la deuda argentina y judicializados, lo real es que el país, aún en un escenario de default parcial, con una deuda parcialmente acordada, en juicio, mientras no ceda en comprometer pagos que no puede hacer, que no tienen demasiada relevancia, porque lo real es que la Argentina no tiene perspectiva de tomar créditos internacionales, entonces, que se mantengan cerrados por un juicio u otra razón no modifica mucho los chances de financiamiento de la economía que ya son relativamente nulos, por lo que hay que apostar exclusivamente a un proyecto desarrollado autónomo, basado en los propios recursos y no con la expectativa de toma de créditos internacionales.

La negociación, más que para reacceder al mercado de crédito, es para evitar una acumulación de juicios internacionales que puedan tener un impacto confiscatorio sobre algún sector de la economía, en caso de retornar a un gobierno neoliberal. Pero esa estrategia de reestructurar y renegociar la deuda no tiene que comprometer, como decía, la capacidad de pago real de la Argentina y que se transforme en una piedra que impida que se movilizan los recursos productivos. Mientras se mantenga ese norte en la negociación, aun cuando se complique, se caiga en juicio, etcétera, no creo que tenga un efecto grave sobre la economía. Me parece más grave un mal acuerdo a que haya grupos internacionales que quieran ir a juicio, porque podemos tener juicios, incluso perderlos y no hacer los pagos, como en el caso del gobierno de Cristina, cuando un tribunal extranjero pudo decir qué Argentina le debe, pero no forzar el pago, y eso es lo más importante.

¿En qué condiciones recibió el presidente Alberto Fernández la administración del país?

Fernández asumió con una economía básicamente destruida en términos financieros, con el mercado financiero local como internacional totalmente bloqueado, una deuda externa impagable, una deuda con organismos internacionales que ya estaban tomando el control de la política económica y, por lo tanto, era una situación semicolonial; con respecto de la dirección de nuestra economía, una producción en franca caída en el marco de una crisis, con una inflación que se había duplicado en relación a cuando asumió Macri, y un desempleo que había llegado a los dos dígitos.

Ese es el escenario en el que asumió Fernández y, al poco de andar, a los pocos meses, se encontró con una pandemia que implica una política de cuarentena para preservar la salud, que está generando caídas en la actividad brutales, porque aproximadamente el 50% del aparato productivo se paralizó, para que la población se mantenga en sus casas y evite el contagio con coronavirus.  

En ese contexto de pandemia, Fernández tomó una opción, privilegiar la salud por sobre la economía, entonces se impuso la cuarentena y como con eso un amplio sector de la población dejó de trabajar, de producir y de percibir ingreso, esta política está acompaña de un amplio abanico de medidas para abastecer de ingresos a la población. Se les dio un bono extra a jubilados, pensionados, a madres que cobran asignación por hijos e hijas y quienes no tienen un empleo formal, reciben un ingreso extraordinario diez mil pesos.

También se le paga el sueldo –incluso a las empresas del sector privado, un porcentaje equivalente a un sueldo mínimo o a dos como máximo– a los trabajadores del sector privado, de empresa que vieron caer abruptamente su producción, es decir, se hace un espectro amplio de políticas para cubrir los ingresos de la población que queda por fuera de percibir un ingreso por la cuarentena. Mientras tanto, se imponen una serie de regulaciones para sostener la producción de los bienes esenciales, para regular su precio, especialmente en alimentos, para evitar una inflación, o que falten los productos; eso se logró con éxito, incluso los niveles inflación de los últimos meses han sido muy bajo en relación a los que venía soportando la economía nacional.

«Hay que apostar exclusivamente a un proyecto desarrollado autónomo, basado en los propios recursos y no con la expectativa de toma de créditos internacionales»

¿Cuál ha sido el impacto en la economía de todo lo hablado –deudas, préstamos, paralización pro cuarentena, entre otros–?

La política reseñada no está libre de tensiones, porque mientras el Estado inyecta todos esos ingresos y pierde recaudaciones, incrementa mucho el déficit, y el Estado monetiza ese déficit inyectando dinero en la economía y este dinero después se termina concentrado como ahorro de empresa del sector esencial que mantiene el ingreso y a su vez la población que mantiene ingreso reduce su consumo a lo necesario, porque se incrementa la capacidad de ahorro; sigue manteniendo el ingreso, pero no produce mucho consumo, solamente se destina a alimentación.

Las empresas que mantienen sus ingresos, por otro lado, no hacen ninguna inversión productiva, incluso está paralizado los sectores de maquinaria, de bienes de capital, inmobiliarias, entonces se forma un excedente financiero muy grande, queda la incertidumbre reinante y en gran parte se intenta dolarizar, lo que está acarreando una corrida cambiaría que presiona sobre el dólar paralelo que llegó, en cotización blue, a una brecha de casi 70%, 80% respecto al dólar oficial, y esto empieza a generar expectativas de devaluación y hace que los exportadores no liquiden su cosecha, porque esperan que haya devaluación, en un cierto comportamiento especulativo, y comienzan con esto a crear una baja de casi mil millones de las reservas internacionales en el último mes, que todavía, sin embargo, se encuentran en alrededor de los 43 mil millones dólares, pero que es una señal de alarma, o de alerta –por lo menos–, dentro de este economía de cuarentena y de un Estado que se hace cargo el ingreso de un porcentaje de población que no produce, pero que a su vez sufre las tensiones cambiarías, porque el excedente de los sectores que mantienen ingresos se intenta dolarizar ante la incertidumbre que provoca la crisis.

Más allá de las políticas coyunturales que pueden atender la crisis, como una mejor regulación del dólar paralelo, donde el Banco Central intervenga en forma más clara para fijar un dólar paralelo, evitando políticas de represión de ese dólar, que lo termine mandando a la clandestinidad, porque un mercado ilegal puede terminar en que te generen corridas cambiarias con muy poca plata y todo tipo de incertidumbre y especulación; bueno, el caso venezolano es un ejemplo del riesgo de tener un dólar totalmente ilegalizado y sujeto a la especulación y de que por muy pocas monedas te puedan armar cualquier tipo de burbujas.

¿Cuáles considera que son las proyecciones económicas dentro de lo que se está llamando la “nueva normalidad”?

Más allá de esas cosas o de reforzar algunas políticas ingreso, como ir poniendo en marcha sectores de la producción, creo que se abre un debate sobre la estrategia más de mediano y largo plazo de desarrollo, en términos de cómo levantar la economía después de la crisis o en repensar una estructura económica que se adapte a esta idea de “nueva normalidad”.

En ese sentido, creo que, por un lado, hay algunos programas que llevan las organizaciones sociales, un impulso fuerte en obra pública, pero en vez de estar motorizado por las grandes corporaciones de trabajo, a lo largo y ancho del país, basado en el desarrollo de productos esenciales, como la vivienda, la alimentación, sector de vestimenta, rubros esenciales; es una herramienta muy fuerte que puede tomar el Gobierno para reactivar la economía postcrisis y sobre todo para la activación de los sectores más sufridos, los sectores informales, que no tienen acceso a un trabajo con derechos.

Por el otro lado, en la idea de la “nueva normalidad”, creo que también se abre un debate entre los sectores conservadores y el establishment internacional, que la quieren utilizar para imponer un mayor control sobre la población, para avanzar con el teletrabajo y destruir derecho laborales y sindicales, para empoderar a las fuerzas de seguridad y militares en la región, imponer políticas antipopulares, frente a la que tenemos que pensar en construir la nueva normalidad con un punto de vista progresista.

Es esencial repensar la distribución geográfica de la población. El siglo XXI, con las nuevas tecnologías, permite descentralizar muchos sectores administrativos medios y comerciales que se pueden hacer directamente vía web; una idea de desurbanización, salir de las ciudades a, por lo menos, ciudades intermedias o pequeños poblados, y que esto obviamente vaya acompañado también de una redistribución de sectores que hacen trabajos más populares, que están vinculados a servicios que consumen estos sectores administrativos, de autoabastecimiento de productos esenciales de las comunidades; eso pueden hacer que, en lugar de una cuarentena en que cada uno se encierra en su casa, pueda haber una especie de impulso a comunidades que haga más soportable una nueva normalidad, con menor control social y aislamiento, más bien con una centralización económica y poblacional; creo que hacia ahí tendría que ir una agenda y una nueva normalidad.

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Nahir González Analista política

Juan José Peralta Ibáñez
Fotógrafo documentalista, fotoperiodismo, naturaleza, video, música

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