Por Boris Ríos Brito
El 7 de mayo, de forma sorpresiva, un comité departamental para el Covid-19, a la cabeza de la Gobernación de Cochabamba, Bolivia, dictó la ampliación de la cuarentena total hasta el 31 de mayo, días después que Jeanine Áñez confirmara la medida. La población, sobre todo los sectores populares, que hasta ese instante había resistido el confinamiento en condiciones precarias, protestó y se movilizó tras el llamado “petardazo” del día 10, contra el régimen de Áñez y en exigencia de elecciones inmediatas.
La “autoconvocatoria” cundió en la Zona Sur de Cochabamba a partir del bloqueo de los ingresos al botadero municipal de Kara Kara. Así, las reacciones se tornaron más rígidas, mientras recrudecían las acciones represivas y la orquesta de los medios de comunicación desprestigiaban a los movilizados.
El primer día del bloqueo se apersonaron fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército, dando paso a algunas pequeñas escaramuzas con gases lacrimógenos, repelidos con piedras por parte de los manifestantes. En medio de las acciones, y en transmisión directa televisada, un efectivo uniformado encontró cuidadosamente colocada una supuesta bomba molotov, «prueba» que se empleó para que hablasen desde entonces de “acciones criminales”.
Los días siguientes a los bloqueos ocurrieron otra serie de incidentes. Una ambulancia que transportaba personal de salud fue detenida y sus tripulantes fustigados por los movilizados que protestaban y que reiterarían posteriormente que “una ambulancia es para transportar enfermos y no personas sanas, para eso deben usar un transporte de pasajeros”. De igual manera, un carro cisterna de agua fue apedreado, pues, según infirman la población, no cobraba lo pactado desde el Municipio, sino la tarifa habitual.
Ya al finalizar la semana, otro sector en el túnel del Abra, que une a Cochabamba con el municipio de Sacaba, fue bloqueado por vecinos, quienes terminaron gasificados por la Policía, aun cuando estos fueron rebasados por la población y se retiraron del lugar con una veintena de detenidos. A la par, en la Zona Sur fue detenido un joven cuando, según el Gobierno y sus medios de comunicación, portaba una bazuca artesanal en su vehículo.
La Policía y autoridades del régimen dieron una conferencia de prensa donde implicaron al joven con actos de terrorismo y publicaron una lista de supuestos dirigentes de la Zona Sur que estarían liderando las movilizaciones. Llama la atención que esta acusación no se aplica a los grupos parapoliciales que el propio ministro Murillo condecoró públicamente y que hasta ahora hacen gala de amenazas y el uso de materiales similares.
Finalmente, en audiencia cautelar, 20 detenidos fueron liberados con medidas sustitutivas, mientras ha quedado detenido el joven de la Zona Sur. Las autoridades dicen que ampliarán las investigaciones, mientras implican a la Coordinadora Popular que había realizado una campaña de solidaridad con las familias más necesitadas.
Las autoridades municipales y departamentales buscaron un espacio de negociación sobre los pedidos de los movilizados, que aclararon que son autoconvocados, y demandan, entre otras cosas: 1) La flexibilización de la cuarentena para retomar el trabajo; 2) La solución a los problemas de agua de la Zona Sur; 3) La entrega de canastones con alimentos a las familias más necesitadas; 4) La derogación del decreto que reduce los tiempos de análisis para la aprobación de semillas transgénicas; y 5) La renuncia de Áñez. Petitorio que, por cierto, fue hecho sin la opinión de los movilizados, sino por un grupo de dirigentes cuestionados, por lo que pone las cosas en suspenso.
Para los próximos días parecen vislumbrarse nuevos conflictos, pese a que autoridades edilicias han pedido la intervención policial y militar contra cualquier protesta y grupos de choque que gozan de muchas prerrogativas han dado un ultimátum –como si tuvieran alguna tuición–, dirigentes cuestionados han rechazado las movilizaciones públicamente, la persecución política está al orden del día, algunos medios de comunicación desbordan en adjetivos contra los marchistas señalando, por ejemplo, que reproducen focos de infección, sin cuestionarse acerca de las condiciones insalubres en las que se debaten los pobladores de Kara Kara.
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Boris Ríos Brito Sociólogo
