Por María Fernanda Barreto
En las calles de algunas ciudades colombianas, como en los noticieros, la guerra luce lejana. La cotidianidad parece sumergida en la historia oficial y hasta hay quien se refiere al conflicto armado en tiempo pasado. Pero en realidad, es la paz la que aún está lejos. En Colombia se está perpetrando un genocidio contra líderes y lideresas sociales para imponer los intereses de las transnacionales, el latifundio, el narcotráfico, la minería ilegal y, sobre todo, para impedir que las comunidades ejerzan el poder en sus propios territorios.
Para Paula Companioni, “siempre se está mucho más cerca de la guerra cuando se está fuera de Bogotá, por eso allí hay un alejamiento del día a día con los líderes y lideresas sociales que están siendo asesinados, porque la mayoría están en las zonas rurales donde quiere entrar la megaexplotación minero-energética”. Pero a juicio de esta periodista de Colombia Informa, la sociedad colombiana no está ajena a este genocidio, sino que no sabe cómo posicionarse ante él, porque el narco-Estado ha logrado imponerse a través de la industria del entretenimiento, novelas, series y música que legitiman las mafias y el miedo a enfrentarlas.
A la luz de la convención de las Naciones Unidas de 1948, que definió como genocidio la matanza de miembros de un grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de un grupo o el sometimiento intencional de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, con la intención de destruirlo total o parcialmente, el exterminio de líderes y lideresas sociales en la nación sudamericana es sin duda un genocidio político.
«Si hay un perfil específico de las víctimas, de los victimarios y es posible mapear los lugares donde estos crímenes suceden con mayor frecuencia, entonces cabe preguntarse porqué el Estado se niega a asumir que existe una intencionalidad»
En plenaria de la Cámara de Representantes, en septiembre de 2017, el senador Iván Cepeda enfatizó que es importante destacar que estos crímenes tienen una esencia económica y política. Denunció además que a muchos de los líderes y lideresas sociales se les asesina en las cercanías de instalaciones de la Fuerza Pública o en zonas fuertemente militarizadas. Insistió en que son asesinatos sistemáticos y generalizados, por lo que constituyen crímenes de lesa humanidad. Dijo que una gran parte de las víctimas reciben amenazas previas de grupos paramilitares como “Las Águilas Negras”, cuya estructura nadie conoce, no se dice quiénes son sus comandantes y no se ha mostrado nunca fotos de campamentos, por lo que aseveró que esta banda en realidad no existe y simplemente se trata de una denominación que se utiliza para hacer operaciones encubiertas de este tipo.
En conversaciones con Cristian Delgado, coordinador del Equipo Operativo Nacional de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, afirmó que hay un resurgir de los falsos positivos y los desplazamientos forzados en varias regiones de Colombia. En su opinión, se puede catalogar de genocidio lo que está sucediendo ya que la violencia está dirigida contra un grupo específico: exguerrilleros de las FARC-EP en reincorporación, líderes sociales y defensores de DD.HH., que además se concentran en regiones específicas como Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Córdoba, norte de Santander y Putumayo, zonas altamente militarizadas donde coinciden intereses específicos relacionados con biodiversidad y recursos naturales, zonas de alta valor geoestratégico donde operan economías ilegales de narcotráfico y minería y donde hay disputas por la tierra.
También, complementó Delgado, hay un modo de operar común. Son asesinatos cometidos por sicarios que combinan armas de fuego y armas blancas, ocurren en las inmediaciones del lugar de habitación o de trabajo de la víctima y generalmente son precedidas por amenazas de grupos paramilitares.
Si hay un perfil específico de las víctimas, de los victimarios y es posible mapear los lugares donde estos crímenes suceden con mayor frecuencia, entonces cabe preguntarse porqué el Estado se niega a asumir que existe una intencionalidad político-económica y pretende matizar la sistematicidad de este delito y, sobre todo, porqué no ha hecho nada para impedirlo.
La desprotección de las víctimas
La lideresa campesina del Cauca, Marylen Serna, vocera nacional del Congreso de los Pueblos, nos dijo que no solo se asesina y se desaparece a líderes y lideresas sociales, sino que se les está judicializando y encarcelando sin pruebas, con el único fin de alejarlos de sus territorios durante el tiempo que dure la investigación y así tratar de desactivar sus liderazgos.
Las organizaciones en las que participa esta dirigente caucana pelean para que el sistema de protección sea colectivo y concertado, acorde a cada contexto territorial. Hasta ahora, la Unidad Nacional de Protección se limita a una atención estandarizada que a menudo consiste en la dotación de un chaleco antibalas y un teléfono celular, y muchas veces pasa por sugerirle a la víctima que la mejor solución es que abandone su lucha o disminuya su protagonismo.
Las cifras
Interrogamos a Serna sobre las cifras reales de estos asesinatos, pero respondió que son muy difíciles de determinar. Las ofrecidas por el Estado colombiano son tan poco creíbles que el propio Vivanco, dirigente de la ONG Human Rigths Watch, afín a sectores de la derecha local, declaró que el Gobierno juega con las cifras para bajarle el tono a la crisis. Por tanto, es normal encontrar datos disímiles entre instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y la ONU.
Según el Gobierno, por ejemplo, entre 2016 y mayo de 2019 ocurrieron 281 homicidios de líderes sociales en el país. Mientras, Medicina Legal reportó que 317 líderes sociales fueron asesinados desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de abril de 2019. En tanto, la Defensoría del Pueblo reportó que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019, la cifra fue de 462 y más de 164 en el 2018.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, por su parte, registró 115 asesinatos de líderes sociales en 2018, cifra respaldada por Somos Defensores. Mientras, Marcha Patriótica, Indepaz y Cumbre Agraria reseñan 282 casos en 2018 y 702 desde 2016 hasta abril de 2019. Marcha Patriótica contabiliza también 99 asesinatos de este tipo en lo que va de año.
En cuanto a exguerrilleros de las FARC-EP, informó Delgado que desde la firma de los acuerdos de paz 135 han sido asesinados y asesinadas y 28 en lo que va de 2019. Cuantificaron 36 familiares de excombatientes en reincorporación ejecutados desde de la firma de los acuerdos y 9 en lo que va del 2019.
El Centro de Investigación y Educación Popular reportó que estos líderes y lideresas sociales recibieron alrededor de 1.100 amenazas en 2018.
«Las cifras más modestas hablan de un líder o lideresa social asesinada cada cuatro días, y los registros más altos hablan de uno cada día y medio»
Marylen Serna alertó que la disputa por el poder local, como las alcaldías que se elegirán el próximo mes de octubre en Colombia, son una amenaza para el control territorial que quieren ejercer actores armados legales e ilegales y representan un pico en la ocurrencia de estos crímenes.
Lo cierto es que las cifras más modestas hablan de un líder o lideresa social asesinada cada cuatro días, y los registros más altos hablan de uno cada día y medio. Sin embargo, hay días como el pasado 21 de marzo del año en curso, en que ocho líderes de la minga indígena del Cauca fueron asesinados el mismo día.
La lucha que ni un genocidio ha logrado detener
Preguntamos a Marylen porqué ante esta realidad, que sin duda atemoriza, gente como ella se mantiene luchando y continúan surgiendo nuevos liderazgos. Ella responde que Colombia tiene décadas de conflicto armado y en medio de él han logrado sacar adelante sus luchas y aportar a una salida política al conflicto social y armado para que las nuevas generaciones no deban soportar una realidad tan difícil como la que les toca vivir actualmente. “Quienes llevamos tantos años luchando, ya no nos imaginamos la vida sin luchar, y hemos vivido momentos tan dolorosos que no nos asustan las amenazas”, sentenció.
Esta valiente generación de líderes y lideresas que se enfrenta al exterminio se preocupa por la construcción de nuevos liderazgos, porque a su juicio “Colombia merece una paz estable y duradera” y están conscientes de que esa paz solo puede existir con justicia social.
La dura muestra de un genocidio en marcha es que mientras escribíamos este reportaje fueron asesinados Gustavo Zapata Raves, en el departamento de Meta; y María del Pilar Hurtado en Córdoba, quienes luchaban por el derecho a la tierra; y Carlos Biscué, líder indígena nasa del departamento Cauca. El mundo no puede continuar impasible ante esta tragedia.
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María Fernanda Barreto Redacción
